Madrid demanda al Estado por "impago"

La Comunidad de Madrid ha presentado esta mañana un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno de denegar la concesión de los mil millones de euros que "legalmente" corresponden este año a la región en concepto de anticipos del Fondo de Competitividad. El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, ha sido el encargado de registrar el recurso en la Audiencia Nacional y de explicar que esta "reclamación" es consecuencia "de la deslealtad que está demostrando, año tras año, el Gobierno" a la hora de poner en práctica el nuevo sistema de financiación autonómico.

Según una nota de su departamento, la decisión del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero supone "un ataque directo" al Estado del Bienestar y "un nuevo agravio" hacia la Comunidad de Madrid. Beteta ha recordado que el Ministerio de Economía y Hacienda podía conceder anticipos de los Fondos de Convergencia a las regiones en 2009, 2010 y 2011, y que los transfirió en los dos primeros ejercicios. Sin embargo, este año los ha denegado "sin motivo válido". La Comunidad de Madrid defiende que la Ley de financiación autonómica tiene que cumplirse y, por lo tanto, el Ministerio debe adoptar las medidas oportunas para concederle los anticipos que en concepto del Fondo de Competitividad le corresponden legalmente.

Ante las respuestas "evasivas" del Estado, el pasado mes de febrero el Ejecutivo madrileño requirió formalmente al Ministerio de Economía y Hacienda que procediese a conceder los citados anticipos. Sin embargo, la falta de atención del requerimiento por el Ministerio y la afirmación de la ministra Elena Salgado de que los anticipos de los Fondos de Convergencia no se concederán este año por causas jurídicas y económicas, ha llevado a la Comunidad de Madrid a acudir a los tribunales. La Consejería de Beteta sostiene que la solicitud de Madrid "no es inédita" porque regiones como Galicia, Valencia, Castilla y León y Murcia comparten sus reivindicaciones en este terreno e, incluso, algunas de ellas estudian acudir al Tribunal Constitucional.

Frente a los argumentos de Madrid, el Gobierno de Zapatero sostiene que el sistema de financiación pactado en 2009 le autoriza a hacer los pagos en el momento de la liquidación del presupuesto, lo que le daría de plazo hasta 2013. Asegura de hecho que cuenta con informes jurídicos que lo avalan.