El Consell lleva al Constitucional la última modificación del Gobierno a la Ley de Aguas
La consejera de Agricultura asegura que rompe el principio de cohesión territorial y beneficia a Andalucía
Nuevo guiño electoral del Consell a los regantes valencianos. En el último día de campaña para los comicios generales, el pleno del ejecutivo valenciano, en su reunión de esta mañana en Alicante, ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad a la modificación de la Ley de Aguas aprobado por el Gobierno mediante un real decreto, el pasado 26 de agosto, que varía la regulación de las competencias autonómicas en materia de vigilancia e inspección del dominio público de las cuencas hidráulicas. La consejera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Martina Hernández, justificó la iniciativa del Consell porque, a su juicio, "rompe el principio de cohesión territorial y el carácter indivisible de la cuenca hidrográfica, como unidad de gestión". Hernández acusó, además, al Gobierno de utilizar la vía del real decreto para cambiar la ley "por motivos electoralistas y con el claro propósito de favorecer a una comunidad autónoma, en este caso Andalucía", puntualizó.
El recurso del Consell al Tribunal Constitucional, que tendrá que ser autorizado por el pleno de las Cortes Valencianas, cuenta con el aval del Consejo Jurídico Valenciano (CJC). En su dictamen, el CJ señala que "la modificación, a favor de determinadas comunidades autónomas, no resulta admisible en modo alguno, pues no puede apoyarse en criterios lógicos, técnicos y de experiencia que garanticen la utilización racional del agua".
Otros acuerdos destacados del pleno de Consell de esta mañana han sido la implantación de 52 cursos de posgrado y nueve doctorados en cuatro universidades valencianas y la realización de una campaña de publicidad institucional en RTVV contra la violencia de género.
Al termino de la reunión del Gobierno valenciano, la consejera portavoz, Lola Jonhson, al igual que el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró a favor de revisar el modelo de gestión de la Ley de Dependencia "para hacerla viable y sostenible", precisó.
