_
_
_
_
_

13.000 familias pierden sus ayudas a la rehabilitación de edificios

El Ayuntamiento de Madrid se queda sin presupuesto para pagar unas subvenciones a los barrios degradados que tramitó en 2018 el gobierno de Carmena

Miguel Ezquiaga Fernández
Manuela Navarro, vecina del Poblado Dirigido de Orcasitas, escribió al alcalde de Madrid preguntando por los créditos del ICO para la rehabilitación de edificios en su barrio.
Manuela Navarro, vecina del Poblado Dirigido de Orcasitas, escribió al alcalde de Madrid preguntando por los créditos del ICO para la rehabilitación de edificios en su barrio.Miguel Ezquiaga

En el Poblado Dirigido de Orcasitas la lluvia puede matar. Los días de tormenta, un agua tenaz se filtra a través de las fachadas de los edificios. Y gota a gota, año tras año, acaba por erosionar la piedra y producir desprendimientos. En el último lustro se han precipitado al vacío cinco antepechos, unos refuerzos con 1.200 kilos de peso que cuelgan bajo las ventanas. En este barrio madrileño, el cemento a veces cae del cielo.

Por fortuna no hubo que lamentar daños personales, las piedras chocaron con el jardín. A causa de estos accidentes, el anterior Ayuntamiento de Madrid declaró la zona —y otras 107 en deterioro— Área Preferente de Impulso a la Regeneración Urbana (Apiru). Esta denominación permite optar a las ayudas Mad-re, que costean tres cuartas partes de la rehabilitación del inmueble. El gobierno de Manuela Carmena llevó a cabo tres convocatorias de estas subvenciones que ha heredado el actual Consistorio. La última de ellas, abierta en 2018, solo podrá pagarse a la mitad de los solicitantes. El Área Delegada de Vivienda presupuestó 50 millones de euros para afrontar los pagos, cuando eran necesarios casi 100. Esto supondrá la desestimación de unas 650 solicitudes presentadas por comunidades de vecinos como las de Orcasitas. Más de 13.000 familias perderán sus ayudas, como ha indicado este viernes en Cibeles la edil socialista Mercedes González.

Vistas del Poblado Dirigido de Orcasitas, en el distrito madrileño de Usera.
Vistas del Poblado Dirigido de Orcasitas, en el distrito madrileño de Usera.Miguel Ezquiaga

La concejalía de Vivienda acumula a día de hoy 2.600 expedientes de la legislatura precedente sin resolver, según datos municipales. Dado este atasco, es posible que los vecinos tarden todavía meses en conocer el futuro de sus ayudas. El equipo precedente dotó de igual presupuesto a las ediciones Mad-re 2017 y 2018. Sin embargo, la segunda convocatoria recibió el doble de solicitudes. Entonces el Consistorio de Ahora Madrid, previendo el desajuste, incrementó la financiación en la Junta de Gobierno del 9 mayo de 2019. Una inyección que jamás se recogió en los presupuestos de Almeida. José Manuel Calvo, concejal de Vivienda del anterior Ayuntamiento, precisa la “intención de borrar el legado de Carmena, a través de un plan similar al nuestro, pero menos ambicioso y peor dotado”.

Ese plan tiene nombre propio: Rehabilita2020. Poco más se conoce del programa que anuncia el actual titular de Vivienda, Álvaro González. Según informa, estará dotado de casi 15 millones de euros, pero los presupuestos para este año solo reflejan siete. El programa no está aprobado por la Junta de Gobierno y ya cuenta con un contrato para su publicidad, adjudicado por 16.000 euros a la agencia September Worldwide. El concejal popular ha anunciado, asimismo, que su proyecto estará incluido en un acuerdo de colaboración con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El Área Delegada de Vivienda presupuestó 50 millones de euros para afrontar los pagos, cuando eran necesarios casi 100
Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Este diario ha averiguado que el convenio lleva bloqueado desde febrero. A día de hoy no contempla Rehabilita2020, sino la financiación —con 12,5 millones de euros— de los dos proyectos que gestiona la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS): Mad-re y el Plan Estatal de Vivienda. “El Área Delegada de Vivienda nunca ha dado por cerrado ese acuerdo”, concede Álvaro González. “Queríamos añadir los planes futuros, el Rehabilita 2020, que pensamos que es bueno para toda la ciudad de Madrid”. El ICO desconoce esta propuesta, pues no se ha presentado y nunca estuvo contemplada en las negociaciones. “Esperamos que al ICO también le guste ese acuerdo y lo quiera incluir en un protocolo más ambicioso”, añade el concejal popular.

Por su parte, el banco público se reafirma: “Estamos a disposición de firmar el protocolo de actuación acordado cuando nos confirmen fecha para ello desde la EMVS”. El acuerdo entre entidades generaría una línea crediticia con un tipo de interés del 2,3%, muy por debajo del mercado. Esta clase de préstamos sirven para que las comunidades de vecinos paguen sin recurrir a grandes endeudamientos su parte correspondiente de las obras; aquella que las subvenciones dejan al descubierto. También aportaría liquidez cuando se conceda la ayuda, pues esta suele tardar al menos un año en ingresarse en la cuenta bancaria, a decir de los propietarios.

El Área Delegada de Vivienda nunca ha dado por cerrado ese acuerdo
Álvaro González, titular del Área Delegada de Vivienda

Al frente de las negociaciones con el ICO estuvo José Antonio Acosta, gerente de la empresa municipal, nombrado a petición del concejal de Desarrollo Urbano Mariano Fuentes, de Ciudadanos. Pero Acosta depende directamente del Área Delegada de Vivienda, cuyo titular es el popular Álvaro González. Un funcionario del Ayuntamiento diserta que “Ciudadanos recibió las competencias en vivienda, tras los pactos del gobierno municipal, pero el alcalde quiso tener controlada la EMVS y creó ad hoc el puesto de González”. La edil socialista Mercedes González agrega otros porqués: “Álvaro [González] está a cargo de un área sin competencias propias y necesita justificar su existencia. Por eso torpedea las iniciativas que surgen de la EMVS”.

Unos documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS demuestran que el convenio cuajó a finales de enero. Por mucho que el concejal de Vivienda asegure que nunca se ultimó, el acuerdo iba a escenificarse en febrero, con la rúbrica de José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, y José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO. El texto entonces incluía unos avales dirigidos al Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural (Arrur) del Plan Estatal de Vivienda. Estas ayudas beneficiarán a 4.900 edificios, repartidos en 10 barrios vulnerables de la capital.

Detalle de los antepechos que se desprenden con la lluvia en el madrileño Poblado Dirigido de Orcasitas.
Detalle de los antepechos que se desprenden con la lluvia en el madrileño Poblado Dirigido de Orcasitas.Miguel Ezquiaga

El contacto entre entidades se abandona y no se retoma hasta marzo, cuando el acuerdo crece. A petición de varias asociaciones de vecinos, el texto recoge financiación para las dos últimas convocatorias del plan Mad-re, heredado de Carmena. Entonces, las partes preparan un pliego con las nuevas condiciones que se suscribirían el 23 de marzo. Con el estado de alarma, la idea era aprobarlas telemáticamente, esta vez sin celebrar un acto político. Pero de nuevo, la fecha pasa de largo sin explicaciones.

Manuela Navarro, de 65 años, forma parte de la Asociación Guetaria de Orcasitas y escribió el mes pasado una carta al alcalde preguntando por la financiación del ICO. La respuesta llegó el 29 de abril de la mano de Álvaro González: “Estamos volcados en sacar adelante este proyecto, el cual se encuentra en una fase muy avanzada, teniendo en cuenta que se trata de una línea novedosa, que nunca se había aplicado en estas condiciones y que sin duda supondrá una revolución”, puede leerse en la misiva. Por las palabras del concejal no lo parece, pero en aquellas fechas el texto definitivo estaba consensuado a falta de su firma.

El Poblado Dirigido de Orcasitas pertenece al 16% más pobre de la región. Los edificios con antepechos se levantaron en la década de los ochenta, sustituyendo a las construcciones que sembró el éxodo rural. Entonces nadie reparó en el fallo de diseño arquitectónico que hoy mantiene al barrio, de nuevo, pendiente de las excavadoras. Arreglar la fachada de cada bloque sale por unos 350.000 euros, a repartir entre 20 vecinos. Las ayudas del plan Mad-re incluían un aislamiento térmico que envuelve el inmueble. Al instalar los paneles aislantes se retira también el amianto de la cubierta. “Se trata de convertir los edificios peligrosos en viviendas de bajas emisiones”, apunta Navarro.

Su comunidad de vecinos fue la primera en experimentarlo. Hace dos años sirvió de “reclamo publicitario” para que el resto del barrio solicitara las subvenciones. Algunos nunca las recibirán, pues se presentaron a la convocatoria Mad-re 2018, hoy sin presupuesto suficiente. En la casa de Navarro siguen pagando los intereses del préstamo bancario: “No todos puede afrontar derramas tan altas. Sobre todo, después de la crisis sanitaria, que tendrá reverberaciones económicas. Por eso es imprescindible combinar las subvenciones con los créditos públicos”. El salón de su piso concede vistas a todo el barrio. Un primer plano de los malditos antepechos: “Prefiero poner la mirada en el horizonte. Si reparo en ellos me cojo un disgusto”.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_