Las víctimas del franquismo han logrado sin miedo un hueco en la agenda política, pero exigen más apoyo del Estado
Foto: GARCÍA-SANTOS Trabajos de exhumación de restos de fusilados de la Guerra Civil en el cementario de San Rafael en Málaga.
A escondidas, a la muerte de Franco, algunas viudas, pocas, abrieron por su cuenta las fosas donde habían sido enterrados sus maridos 40 años antes. Las primeras elecciones animaron a otras familias y entre 1979 y 1980 hubo numerosas exhumaciones. El miedo, aquel terror atroz que el dictador había grabado a sangre y fuego -entre otras cosas, dejando los cuerpos al aire unos días, antes de arrojarlos a las cunetas, para que cundiera el ejemplo- comenzaba a desvanecerse. Pero entonces llegó el 23 de febrero de 1981 y el proceso se paró en seco. La mitad del país volvió a contener la respiración. Al día siguiente, ya fracasado el golpe de Estado, José Antonio Martín Pallín, hoy magistrado del Supremo y entonces en la Fiscalía de Madrid, promovió entre sus colegas la firma de un manifiesto en defensa de la democracia. Hubo que votar. "Perdí 27 a 3", recuerda. No se hizo.
El 23-F se quedó en un susto, pero fue suficiente para que media España volviera a encogerse. Hasta el 28 de octubre de 2000 a las 11 de la mañana, cuando un arqueólogo llamado Julio Vidal desenterró de una cuneta en Priaranza del Bierzo (León) una bota sobre la que habían llovido 70 años. Pertenecía a Emilio Silva Faba, fusilado con otros 12 hombres el 16 de octubre de 1936, y era su nieto, Emilio Silva Barrera, el que había ido a buscarla. Aquella bota provocó que los familiares de las víctimas de tantos crímenes idénticos fueran poco a poco, otra vez, perdiendo el miedo a reclamar el derecho a enterrar a los suyos en un lugar distinto al que les habían arrojado sus asesinos. Y aquel nieto de fusilado decidió fundar la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para ayudarles a hacerlo.
Desde entonces se han abierto 363 fosas con más de 5.400 víctimas. Son muchas fosas, y muchos muertos. Pero 35 años después de la muerte de Franco quedan aún por abrir 1.200 con nadie sabe cuántos miles más de cuerpos. Entre las pendientes está la mayor de España, el Valle de los Caídos, y la más buscada: la de Federico García Lorca. En diciembre de 2009, tras 47 días de trabajo, 73 años de espera, y 70.000 euros de inversión, la Junta de Andalucía comunicó que en el lugar donde se pensaba que yacía el poeta, en Alfacar (Granada), solo habían encontrado una enorme roca.
El mapa de fosas elaborado por el Gobierno contiene tantos puntos rojos señalando cada uno de estos enterramientos anónimos (2.232), que no se ven las líneas que separan provincias y apenas se aprecia la silueta de un país agujereado por la barbarie. Se hizo sin las comunidades gobernadas por el PP, que se negaron a aportar datos o pidieron dinero a cambio.
El forense Francisco Etxeberria ha abierto muchas de estas fosas. Algunas, cuenta, "sepultadas bajo metros de basura, convertidas en vertederos", y otras, con dedicatoria de los herederos de los asesinos: Fueron ajusticiados, no asesinados. Rojos, os falta memoria. Vencimos y venceremos. Falange . Aún tiene que ver pintadas como esta del mismo modo que los antidisturbios todavía se encuentran cada 20-N en el Valle de los Caídos con grupos de nostálgicos y neonazis con ganas de bronca. Eso sí, cada vez son menos. Y quizá ya no les apetezca ir al nuevo Valle de los Caídos que una comisión de expertos ha de diseñar antes de octubre y que podría retirar los restos de Franco del mausoleo. Aunque si el PP gana las elecciones, tal vez entierre el proyecto y al menos durante cuatro años más, medio siglo después de su inauguración, Franco logre que el Valle de los Caídos siga siendo lo que él quiso que fuera: un monumento a sí mismo.
Pese a todo, para Emilio Silva el balance "es muy positivo". "La memoria se ha ganado un espacio en la agenda política. La dictadura fue el aprendizaje del miedo, de la contención y eso ha desaparecido". En octubre de 2000, los hijos de fusilados cerraban puertas y ventanas antes de empezar a contar, en susurros: "A mi padre también lo mataron. Nunca he hablado de esto...". En abril de 2010, más de 60.000 personas salieron a la calle con fotografías de sus familiares para denunciar la impunidad de los crímenes del franquismo y en apoyo del juez Baltasar Garzón, apartado de la Audiencia Nacional por intentar investigarlos. "Este proceso es imparable", añade Silva. "Las fosas ya no solo las localizan octogenarios, porque al perder el miedo se las han señalado a hijos y nietos. La esperanza de vida de la información se ha multiplicado. Pero falta que el Estado asuma las exhumaciones, no solo las subvencione. Quién tiene el hilo en la mano para cerrar una herida es importante. No es lo mismo que suture un voluntario a que lo haga el Estado".
La suspensión de Garzón y la negativa a anular las condenas franquistas son las grandes espinas de este movimiento, aunque en el primer caso sirviera para llamar la atención del mundo sobre su causa, tan importante como para tumbar al magistrado-estrella. La justicia argentina, que ha procesado a 634 personas por los crímenes de la dictadura de Videla, podría terminar juzgando los de la española. Porque tras el portazo de la Audiencia Nacional, los familiares de las víctimas llevaron sus casos al otro lado del Atlántico. Ya no se resignan. Ya no tienen miedo.
