GABRIELA CAÑAS
Tiene razón Mariano Rajoy cuando afirma que lo fácil es descalificar a los políticos; especialmente si lo dice el mismo día en que avala en campaña electoral a dos de sus dirigentes imputados en casos de corrupción: el presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. Pocos días después de un aserto tan obvio, la encuesta mensual del CIS, que anuncia desde 2008 el creciente malestar de los españoles con la casta política, arrojaba un triste récord de nuestra joven democracia: el 22,1% la considera uno de los principales problemas de España. De hecho, tal preocupación es la tercera que más quita el sueño colectivo a los españoles tras el paro y la situación económica.
¿Dónde ha quedado el entusiasmo español por la política, por la recuperación de las libertades y los usos democráticos? La Transición, un modelo político admirado en todo el mundo, fue posible gracias, entre otros, a una casta política que supo encauzar con prudencia y valentía los anhelos ciudadanos. Casi 36 años después, la generación de políticos que gestiona España parece estar dilapidando todo el crédito que sus padres lograron en momentos históricos tan complejos.
Es evidente que la crisis económica juega un papel crucial en este malestar de la opinión pública. De hecho, los niveles actuales de insatisfacción con los políticos registraron un repunte similar en septiembre de 1995, con el desempleo también desbocado y el clima de crispación generado por los casos de corrupción que aquejaban a los socialistas y jaleado por un Partido Popular ávido de poder. Pero culpar en exclusiva a la coyuntura económica es hacer oídos sordos al clamor contra unos gestores públicos instalados en el inmovilismo que rechazan cualquier reforma que les toque de cerca, ya sea la del Senado, la de sus privilegiadas jubilaciones o una ley electoral que amenace la partitocracia, base esencial del sistema.
No hacía falta esperar a un nuevo sondeo del CIS o a las manifestaciones de indignados para saber que los españoles de hoy demandan unos modos distintos de hacer política. Consultas anteriores ya han señalado el rechazo de los votantes a las listas cerradas, a la nula rendición de cuentas de sus representantes y, sobre todo, a ese funcionamiento endogámico de los partidos, convertidos hoy en grupos de presión cuyo valor supremo es la toma del poder, lo que incluye, en primer término, el control del propio partido.
La primera legislatura de Rodríguez Zapatero fue un destello de esperanza en el impulso renovador y la disposición pactista que caracterizaron a la política en los primeros años de democracia. Ahora, cuando la crisis económica ha tirado por la borda el optimismo colectivo de nuevo rico que se había apoderado de la sociedad española, esta ha descubierto con angustia que sus políticos, maestros del mitin y la arenga como si el tiempo hubiera quedado congelado, están alineados con el stablishment y ni siquiera son capaces de aunar fuerzas para afrontar el embate y recuperar la confianza -tan importante en economía-. La alarma desatada por el PP sobre las finanzas autonómicas o el bloqueo de la renovación del Constitucional son ejemplos que demuestran que, en ocasiones, incluso empeoran la situación. Se descubre, en definitiva, que los que deberían resolver los problemas más bien los generan.
Se aproxima un cambio de ciclo. El Partido Popular se dispone a conquistar las mayores cuotas de poder que ha detentado nunca en democracia y ello no presagia el cambio y la renovación que necesita la política española, lo que, a su vez, promete no ahorrar sufrimientos a corto y medio plazo a esta joven democracia.
