LUIS R. AIZPEOLEA
Cuando en noviembre de 2009, la izquierda abertzale , el histórico brazo político de ETA, anunció en un acto simultáneo en Venecia (Italia) y Alsasua (Navarra) su nuevo proyecto, un polo soberanista que apostaba por vías políticas y pacíficas, casi nadie pensaba que se abría el proceso terminal de la banda terrorista. Aquella decisión no era casual. La izquierda abertzale pasaba por sus peores momentos. Tras la aprobación de la Ley de Partidos en 2003 estaba fuera de las instituciones, excepto en un puñado de municipios. Sus bases estaban desmovilizadas. En octubre de 2008, el Euskobarómetro destacaba que un 66% de sus votantes desaprobaba el terrorismo de ETA y solo un 2% le otorgaba su apoyo incondicional.
Dos años antes, ETA había destrozado, con el atentado de la T-4 de Barajas, su apuesta de acabar con el terrorismo a través de un proceso dialogado con el Gobierno sobre la base de paz por presos y con la constitución de una mesa de partidos, con representación de la propia izquierda abertzale. El fracaso del proceso de 2006 por la intransigencia de ETA le hizo comprender que la banda terrorista era un obstáculo para sus objetivos.
El período comprendido entre la ruptura de la tregua de 2006 y noviembre de 2009, en que la izquierda independentista inicia su alejamiento de la violencia de ETA, le reafirmó aún más en esa opción. La policía detiene a sucesivas direcciones de una ETA cada vez más paralizada en su actividad. Pero los líderes de la izquierda abertzale (Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria, Rafael Diez Usabiaga) no están dispuestos a cometer el error del proceso de 2006. Llevan su nuevo proyecto, que incluye el rechazo a la violencia de ETA, a sus bases que, a través de un proceso asambleario entre noviembre de 2008 y febrero de 2009, lo aprueba por una muy amplia mayoría (80%).
De este modo, la izquierda independentista legitima su proyecto y fuerza a ETA, donde hay posiciones encontradas, a asumirlo. Por vez primera en la historia de ETA, se invierten los papeles. La izquierda abertzale pasa de ser su brazo político a convertirse en la vanguardia del llamado MLNV, sin que pueda hablarse de ruptura entre ambas, y se formula con la constitución de Sortu, en febrero de 2011, cuyos estatutos rechazan expresamente la violencia de ETA, expulsan a los militantes relacionados con actos violentos y reconocen a las víctimas del terrorismo.
Tres meses después, el Tribunal Constitucional permite la presentación en las elecciones del 22-M de Bildu, el polo soberanista diseñado por la izquierda abertzale en noviembre de 2009. Con su triunfo -25% de los votos-, se consolida su papel de vanguardia respecto de ETA. No es el final del terrorismo, pero se le aproxima. Es muy improbable que ETA vuelva a atentar y si lo hiciera, tendría enfrente a su antiguo brazo político, que no quiere volver a la clandestinidad por nada del mundo.
Para que la izquierda abertzale haya llegado hasta ahí, ha existido antes un largo recorrido contra ETA en la sociedad vasca y en el Estado democrático que lo ha hecho posible, cuyo primer eslabón clave fue el Pacto de Ajuria Enea de 1988 en lo que tuvo de unidad de los partidos vascos, nacionalistas y no nacionalistas, contra la banda y su brazo político, y de elemento dinamizador de la sociedad vasca. Fue el motor de las grandes movilizaciones callejeras de los años noventa contra ETA, que marcó un hito con la reacción social ante el asesinato del edil del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997. Paralelamente, se intensificó la colaboración internacional -Francia ha sido clave-, se perfeccionó la eficacia policial y se reconoció a las víctimas.
En estas condiciones, no existen argumentos para señalar, como dicen algunos, que ETA ha ganado. Bildu se ha visto obligada a alejarse de ETA para ser reconocida y aunque no ha logrado aún el cese definitivo de la banda ni ha reconocido a las víctimas del terrorismo es vulnerable, pues sabe que su éxito está vinculado a su alejamiento de ETA. Y lo es a la presión política, social y judicial si hace al caso.
