El liberalismo conservador y el concierto económico constituyen la hoja de ruta de los nacionalistas catalanes
FRANCESC VALLS
Foto: SCIAMMARELLA
El barroco Palau Dalmases de Barcelona acogió en secreto, con una discreción propia del románico, el voto favorable del presidente de la Generalitat, Artur Mas, a la independencia de Cataluña.
Era el 31 de marzo pasado y el referéndum alegal, organizado por diversas asociaciones de la sociedad civil catalana, dio a Convergència la oportunidad de exhibir de forma controlada el cambio de paradigma que se está operando en el principal partido catalán y que se proyecta hacia el futuro. Nunca Jordi Pujol, en sus 23 años de presidencia, se hubiera atrevido a un gesto semejante. El manual de conducta del fundador de CDC siempre puso en claro que estar al frente de la Generalitat invalidaba cualquier debilidad sentimental que comprometiese a la institución. Pero su sucesor sí lo hizo, con la clara intención de escenificar que la nueva dirección del partido ha subido un peldaño más en la reivindicación catalanista respecto al pujolismo. El 13 abril, apenas dos semanas después de su veleidad nacionalista en la intimidad, Artur Mas no permitió que prosperara en sede parlamentaria una propuesta a favor de la independencia de Cataluña. El soberanismo verbal es lo que separa a Mas de Pujol.
Para que nadie se llame a engaño, en la nueva Convergència se administran con astucia política los tempos y se tiene presente que aunque los partidarios de la independencia supongan más del 20% de la población catalana -el número se ha triplicado en un decenio-, deben evitarse los experimentos con fuego real, siempre traumáticos. La fórmula magistral del éxito de la Convergència de Pujol se sigue conservando en la caja fuerte del partido, aunque ha sufrido mutaciones en dos sentidos: hacia el descaro soberanista a nivel formal y hacia el liberalismo conservador de fondo.
La peripecia estatutaria, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el texto autonómico y la manifestación de centenares de miles de personas el pasado 10 de julio en Barcelona han permitido que Convergència -Unió va a la zaga y a regañadientes- amague con un órdago al poder central. La federación nacionalista está avalada por los resultados electorales autonómicos que la situaron, el pasado 28 de noviembre, al borde de la mayoría absoluta. El fallo del Constitucional no ha roto con la vía gradualista de CiU, pero le ha permitido subir la apuesta con la entrada en juego del pacto fiscal, un remedo del concierto foral. La federación nacionalista no ha roto con la política del pujolista peix al cove (competencias a cambio de respaldo parlamentario), método que le ha permitido a Cataluña subir su techo autonómico.
Esa doctrina del pacto con el Gobierno de turno en Madrid vale sin mayorías absolutas en el Congreso de los Diputados. Y, ciertamente, se ha revelado como la más eficaz, pues los intentos de racionalizar competencias -como sucedió con el Estatut- acabaron con desgastadoras campañas anti-catalanas, como la que el PP atizó en el resto de España. Ahora CiU, espoleada por la sentencia del Constitucional, ha lanzado el órdago y apunta al pacto fiscal. Se trata de una fórmula de escasas resonancias solidarias -similar a la vasca- que CiU espera activar tras las próximas elecciones legislativas, previstas inicialmente para 2012. En ese cuento de la lechera falta que el partido ganador no logre una mayoría arrolladora y precise los votos del centro-derecha catalán.
Desde Cataluña -también desde el resto de España- se asegura que el déficit fiscal catalán es de entre 16.000 millones y 20.000 millones, según el método de cálculo utilizado por las partes. Y Convergència i Unió lo agita para centrar la atención y desarrollar su proyecto político en base al agravio comparativo. Si hay recortes sociales es por la crisis, por la herencia del tripartito derrochador y por ese déficit al que nos aboca España, argumentan los nacionalistas.
Cataluña, que ha actuado a lo largo de la democracia como el buque rompehielos de la España autonómica, toma unos derroteros imprecisos. De aplicarse a rajatabla la fórmula del concierto, tal como la disfrutan el País Vasco y Navarra, se agrietaría la Hacienda española. Y es que la contribución catalana al producto interior bruto español está en torno al 18,5%, frente al poco más del 6% de la vasca. Desde luego, si Madrid y Baleares -comunidades aportadoras netas- siguieran el ejemplo catalán, el torpedo en la línea de flotación de la Hacienda española acabaría en hundimiento inmediato.
La CiU actual se ve legitimada para amagar con la ruptura de las viejas fronteras políticas, económicas y sociales del pujolismo. La tradición del que durante 23 años fue presidente ha quedado en buena medida arrinconada bajo el liderazgo de Artur Mas. El liberalismo conservador se ha convertido en doctrina oficial de la formación. Los recortes anunciados en los Presupuestos de la Generalitat para 2011 y 2012 en sanidad, educación y asistencia social son de tal calado que hacen peligrar la espina dorsal del sistema del Estado de bienestar. Se quiere poner fin a la ley de barrios, se debilitan las ayudas a las viviendas sociales, se pone coto a la asistencia sanitaria, se permite funcionar a las empresas sin declaración de impacto ambiental por espacio de seis meses, se abren los bosques a las motocicletas... y se suprime el impuesto de sucesiones. Todo con apoyo del Partido Popular.
El tripartito es agua pasada y de nefasta memoria, pues desalojó del Palau de la Generalitat a quienes parecen estar predestinados para ocuparla en permanencia. La política social de siete años de Gobierno de izquierdas ha sido arrojada por la borda.
Con este horizonte, los ciudadanos de Cataluña oirán en los próximos meses cómo se cruzan sables dialécticos en la comisión sobre el pacto fiscal del Parlamento. Pero en lo cotidiano e inmediato, sentirán en carne propia, más allá de la retórica, los recortes sociales de la nueva realpolitik .
