PATXO UNZUETA
El éxito electoral de la coalición Bildu, claramente dominada por el sector de la izquierdaabertzalepróximo a ETA, ha suscitado reacciones de desánimo en el movimiento de víctimas y otros sectores de la sociedad vasca activos contra el terrorismo. Se ha hablado de un retroceso de diez años en la lucha contra ETA, y culpado de ello al Tribunal Constitucional. Sin embargo, siguen existiendo condiciones favorables para el fin de ETA, aunque para culminar ese objetivo los partidos democráticos tendrán que adaptar su estrategia a las nuevas condiciones.
En los dos o tres últimos años se han manifestado los efectos de iniciativas tomadas hace una década con el fin de crear condiciones favorables para la desaparición de la banda. Por una parte, la Ley de Partidos y su aplicación para ilegalizar a Batasuna acabaron provocando contradicciones entre el interés de ETA por perpetuarse y el de su brazo político por recobrar la legalidad.
Por otra, la eficacia policial a ambos lados de los Pirineos (305 detenidos entre 2008 y 2010) abortó los intentos de relanzamiento de la actividad terrorista.
Una consecuencia de la combinación entre ambos hechos fue que un sector de la dirección de Batasuna llegó a la conclusión de que no habría legalización mientras ETA no desapareciese definitivamente, y otra, que sectores de la propia ETA en las cárceles expresaran su convicción de que “en ningún caso” volvería a haber un “proceso de negociación política”.
Ello dio paso a una serie de iniciativas de los dirigentes de Batasuna, la principal de las cuales fue organizar un debate interno cuya conclusión más importante fue la afirmación de que era posible alcanzar sus objetivos políticos sin recurrir a la violencia (en contra de lo sostenido siempre por ETA). Propuestas, como la del mediador Brian Currin, que condicionaban el fin definitivo de la violencia a una negociación con contrapartidas políticas, interfirieron en esa reflexión; sin embargo, resultaron funcionales para que ETA accediera a formalizar una tregua indefinida, que a su vez dio a Batasuna el margen que necesitaba para lanzar su operación más audaz: la presentación de un nuevo partido, Sortu, heredero obvio de Batasuna pero cuyos estatutos y declaraciones de sus dirigentes proclamaban su adhesión a los principios democráticos y un rechazo de la utilización de la violencia como instrumento político.
Aunque mantenía algunas ambigüedades, como no incluir una condena explícita de la violencia practicada en el pasado, tal compromiso era similar al que el Tribunal Constitucional había reclamado de la izquierdaabertzaleen anteriores intentos (fallidos) de legalización de formaciones herederas de Batasuna. Por ello, ese tribunal acabó legalizando a la coalición Bildu, impulsada por Batasuna tras fracasar en su intento de que lo fuera Sortu. Solo partiendo de que no podía haber legalización mientras no desapareciera ETA podría haberse evitado ese desenlace. Pero aunque es un planteamiento con fuerte base democrática, resulta de difícil encaje jurídico.
A posteriori, algunas personas han considerado que los 313.000 votos de Bildu y su control de más de un centenar de Ayuntamientos mide la magnitud del error cometido por el Constitucional. Pero es un argumento tan poco convincente como el de los nacionalistas que sostienen que esos resultados demuestran que nunca debió ilegalizarse a Batasuna dado su ahora acreditado respaldo popular. Es defendible, en cambio, la idea de que el éxito de Bildu frena la dinámica de presión de Batasuna sobre ETA. Quienes estaban convencidos de que no habría legalización mientras existiera la banda ¿no se sentirán dispensados de reclamar su disolución a la vista del éxito obtenido sin necesidad de hacerlo? Seguramente así será de momento, pero para que la coalición mantenga el apoyo alcanzado la banda debe efectivamente desaparecer. Hay fuertes incentivos para que no cometa atentados, siendo el principal que si lo hiciera todo el discurso de Sortu, Bildu y Batasuna quedaría en evidencia, obligando al brazo político a romper públicamente con la banda, en defensa del poder ahora obtenido. Una ETA sin brazo político estaría condenada a la marginalidad, y un Bildu que no se distanciara de ella, a perder todo el voto deferente de quienes le han dado su apoyo pensando que podía convencer a ETA de que se retirara. Mientras ETA se mantenga presente, incluso como amenaza latente, la izquierdaabertzale, que ha vivido 30 años a cubierto de esa amenaza, no podrá ser considerada una formación como las otras; y para alcanzar acuerdos políticos con ella el mínimo exigible será que exija a su vez públicamente la disolución de ETA.
La experiencia indica, por lo demás, que la radicalización soberanista no es un movimiento irreversible.
Días antes de las del 22-M hubo elecciones en Escocia y en Canadá: en las primeras, los nacionalistas, que en 2007 habían tenido que renunciar al referéndum independentista prometido al quedarse en 23 escaños sobre un total de 129, tuvieron un gran éxito, pasando a 69 escaños; pero tres días antes, el partido nacionalista de Québec, que en las anteriores elecciones federales había obtenido 49 escaños y el 38% de los votos, se quedó en 4 escaños (con el 24% de los votos). Es posible que en las siguientes elecciones los resultados se inviertan de nuevo, pero lo que esa oscilación demuestra es que la fiebre independentista no es permanente sino cíclica; sin embargo, si en uno de esos accesos se hubiera votado en referéndum a favor de la independencia, aunque fuera por un solo voto, el desenlace sería irreversible.
Mientras que un sistema autonomista o federalista permite encajar con flexibilidad las variaciones en el estado de ánimo de los electores, sin rupturas traumáticas.
