El frenazo en las llegadas de extranjeros por la falta de puestos de trabajo coincide con un nuevo discurso xenófobo
En 1976 los periódicos todavía publicaban fotografías de españoles cargados con maletas de cartón atadas con cuerdas, que se agolpaban en los andenes de las estaciones a la espera de los trenes que habrían de llevarlos más allá de los Pirineos. En total, aquel año salieron de España 15.496 emigrantes. Hoy las páginas de los diarios muestran una situación radicalmente distinta. España ha pasado de ser un país de emigrantes a convertirse en un país de inmigrantes. Si en 1976 vivían en él 158.986 extranjeros, la mayoría jubilados ingleses y alemanes, 35 años más tarde la cifra asciende a 5.056.256, más de la mitad de ellos -2.620.359- inmigrantes de otros continentes. Y esos son solo los que se hallan en situación regular.
El fenómeno social que ha transformado radicalmente la sociedad no estalló de un día para otro. Pero si hubiera que señalar una fecha que simbolizara su comienzo, esta podría ser el 24 de agosto de 1994. Aquel día, dos saharauis arribaron a la isla canaria de Fuerteventura enarbolando una bandera independentista. Los medios de comunicación trataron la noticia como una curiosidad casi deportiva: un par de jóvenes habían coronado con éxito la increíble aventura de cruzar 100 kilómetros de Océano Atlántico en una frágil barquilla. Nadie podía imaginar entonces cuántos seguirían su ejemplo en los años siguientes. Solo en la década pasada llegaron a las costas españolas 163.396 africanos. Varios centenares más -el número exacto es imposible de precisar- murieron ahogados en el intento.
Mientras los africanos llegaban por mar, cientos de miles de falsos turistas latinoamericanos aterrizaban en los aeropuertos. Y por las carreteras de los Pirineos entraban autobuses cargados con decenas de miles de ciudadanos de Europa del Este. Todos se quedaban a trabajar en la economía sumergida: en la agricultura, en la construcción, en los servicios...
Los Gobiernos de José María Aznar y de José Luis Rodríguez Zapatero intentaron frenar aquel flujo incesante de personas. La Administración del PP cambió hasta cuatro veces la legislación de extranjería entre 2000 y 2004. Cada una de esas reformas hizo un poco más difícil la vida de los inmigrantes, pero ninguna logró detener su avance. Tampoco lo consiguieron el control de fronteras ni la firma de convenios internacionales para repatriar a los que se hallaban en situación irregular. Debido a ello, el PP se vio obligado a legalizar hasta en tres ocasiones la situación de los recién llegados. Algo parecido le ocurrió al Gobierno del PSOE: en 2005, un año después de su llegada a La Moncloa, acometió la mayor regularización de inmigrantes de la historia, que culminó con el alta de 600.000 extranjeros en la Seguridad Social. Cinco años más tarde volvió a modificar la Ley de Extranjería.
La rápida transformación de España en una sociedad pluricultural ha sufrido algunos sobresaltos. El más grave se produjo el 22 de enero de 2000 en la localidad almeriense de El Ejido. Aquel día, un inmigrante palestino degolló a dos agricultores. Unos días más tarde, otro inmigrante, esta vez de origen magrebí, mató de una puñalada a una mujer. Cientos de vecinos armados con barras de hierro y palos cortaron las carreteras de acceso a la población, quemaron coches, viviendas y negocios de inmigrantes y apalearon a los extranjeros que hallaron a su paso.
Los sucesos de El Ejido alimentaron los recelos de algunos españoles hacia sus nuevos vecinos. Poco a poco, el debate político fue haciendo sitio a discursos que vinculaban la inmigración con la delincuencia, que presentaban a los inmigrantes como usurpadores de puestos de trabajo o que les acusaban de acaparar las ayudas públicas. Algunos dirigentes conservadores se erigieron en valedores de estos argumentos. El líder del PP, Mariano Rajoy, proclamó en 2008 en Canarias: "¡Aquí no cabemos todos!". La crisis económica daría alas a quienes defendían esas tesis.
El paro, que se ha disparado hasta el 21,29%, se cebó especialmente con los inmigrantes (31,99%), de forma que uno de cada tres desempleados es hoy extranjero. Muchos de ellos se habían hipotecado para comprar una vivienda, y con el trabajo perdieron sus casas y sus ahorros. La súbita falta de empleo logró lo que no pudieron las leyes de Aznar y de Zapatero: las llegadas de nuevos trabajadores se frenaron en seco; el año pasado solo arribaron en pateras 3.632 africanos, un 90,7% menos que en 2006, cuando se alcanzó la cifra récord de 39.180.
A pesar de que los inmigrantes son las principales víctimas de la situación económica, el discurso de rechazo hacia ellos ha ido creciendo en intensidad a medida que se agudizaba la crisis. Un ejemplo: en enero de 2010, varios Ayuntamientos del cinturón de Madrid -gobernados por el PP- y otro de Cataluña -Vic, gobernado por CiU- amagaron con negarse a empadronar a los extranjeros que se hallaban en situación irregular. De haberse llevado a cabo, la medida los habría convertido en invisibles y habría dificultado su acceso a la asistencia médica o a la educación.
Los resultados de las elecciones autonómicas y locales del pasado 22 de mayo, con el triunfo de los partidos conservadores y la entrada de formaciones de derecha extrema en varios consistorios catalanes, han mostrado hasta qué punto ha calado en la sociedad el discurso xenófobo. Tal vez el ejemplo más llamativo sea el de Badalona, la tercera ciudad más poblada de Cataluña (220.000 habitantes). Con un mensaje de "mano dura contra los [inmigrantes] que no se adaptan" y contra la "plaga" de gitanos rumanos que se han instalado en Badalona "exclusivamente para delinquir", el candidato del PP, Xavier García Albiol, se ha alzado con el bastón de alcalde. Todo un símbolo.
