El atasco, la politización, los errores como el 'caso Mari Luz' y causas como las de Garzón minan la confianza en los jueces
Foto: LUIS SEVILLANO Carpetillas acumuladas en mesas de los funcionarios de un Juzgado de Madrid en la plaza de Castilla.
A finales de los años setenta, una juez joven recién llegada a su primer destino recibió la visita de un hombre de mediana edad.
-Señorita, quiero hablar con el juez.
-La juez soy yo.
-No, no me entiende. Quiero hablar con el señor juez. No puede ser usted.
Pasados 35 años desde que apareciera el primer ejemplar de EL PAÍS en los quioscos, España se ha acostumbrado a ver mujeres con toga impartiendo justicia. En 2011, casi la mitad de los jueces eran mujeres (2.163 frente a 2.373 hombres). Y en la última promoción de la Escuela Judicial eran más del 70% (99 de 134). Infrarrepresentadas aún en los más altos cargos de la judicatura, es solo cuestión de tiempo que lleguen a ellos. La igualdad ha sido uno de los mayores cambios en el Poder Judicial. En el otro lado de la balanza, el más negro, queda sin embargo mucho por hacer. Los ciudadanos no creen en los encargados de hacer cumplir las leyes. El dato del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de febrero de 2011, es demoledor: la mitad de los encuestados (el 48%) opina que la justicia funciona mal o muy mal. Otro 30% responde que regular. Los permanentes retrasos, el creciente atasco, la politización y el corporativismo se han convertido en males endémicos.
El ciudadano que acude a los tribunales se encuentra con una justicia colapsada. El volumen de trabajo se ha multiplicado con el crecimiento económico de los últimos años. Casi 10 millones de asuntos entraron en los juzgados y tribunales españoles en 2010. Para ocuparse de ellos había apenas 4.984 jueces y magistrados. El problema es que llegan muchos más de los que se resuelven y la congestión crece cada año. El pasado diciembre había 3.225.063 asuntos pendientes, tres veces más que a finales de 1999. El Gobierno ha puesto en marcha un plan de modernización para arreglarlo con grandes inversiones en tecnología y cambios en la organización del trabajo para incrementar su eficiencia. Pero el resultado de esas políticas tardará años en conocerse. Y el atasco seguirá afectando al servicio.
El asunto que hizo saltar todas las alarmas fue la muerte de la niña Mari Luz Cortés a manos de Santiago del Valle el 13 de enero de 2008. El pederasta había sido condenado en firme a dos años y nueve meses de cárcel por abusar de su hija de cinco años, pero el Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, cuyo titular era Rafael Tirado, no ejecutó la sentencia, lo que dio a Del Valle la posibilidad de cometer nuevos crímenes, entre otros el de Mari Luz. El enfado social se proyectó sobre Tirado, aunque también resucitó el debate sobre la falta de medios de los tribunales, que en plena era de Internet, aún funcionan a base de carpetillas y toneladas de papel. También provocó la primera huelga judicial de la historia de España, aunque los jueces, en teoría, no tienen derecho a hacerla. Al final, el error de Tirado se saldó con la imposición por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de una multa de 1.500 euros a pesar de que el fiscal pedía que fuera apartado de la carrera o suspendido. Al clamor por el error judicial se sumaron entonces las acusaciones de corporativismo.
El debate público se centra también en la independencia, o más bien en la falta de ella, de los miembros del Tribunal Constitucional y del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Son elegidos a través de cuotas que se reparten los partidos políticos. A los ojos de la ciudadanía, estos manejan a su antojo a magistrados y vocales que, por lo general, responden a lo que espera de ellos quien los propuso para el cargo. La voluntad política de manipulación de la justicia se ha evidenciado por el actual bloqueo de los grandes partidos a la renovación de los magistrados del Constitucional, órgano que debe decidir en los próximos meses sobre la ley del matrimonio gay, el nuevo sistema de plazos para abortar o la ilegalización del grupo abertzale Sortu.
El juez Baltasar Garzón pasa ante la puerta principal del Tribunal Supremo.
Frente a la incapacidad de los políticos para llegar a un acuerdo en el Congreso de los Diputados sobre la renovación de cuatro miembros cuyo mandato expiró hace ya seis meses, el pasado 13 de junio se llegó a una situación límite. El vicepresidente Eugeni Gay y dos magistrados -Elisa Pérez Vera y Javier Delgado Barrio- presentaron su renuncia, que no fue aceptada por el presidente, Pascual Sala. La politización de la justicia quedaba de nuevo al desnudo ante una ciudadanía exhausta. El tiempo corre a favor del Partido Popular. Si, como se prevé, arrasa en las próximas elecciones generales, su nueva mayoría le daría la posibilidad de nombrar a tres de los cuatro magistrados (por uno del PSOE) en lugar de los dos a los que aspira ahora.
Los tres procesos en trámite contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón también han lanzado sombras sobre la independencia de los magistrados del Tribunal Supremo. El juez que destapó la mayor trama de corrupción que afecta al Partido Popular, el caso Gürtel, está pendiente de dos juicios por supuesta prevaricación -siempre sin apoyo del fiscal, que pide el archivo- al ordenar las escuchas en prisión a los abogados de la trama corrupta y por investigar los crímenes del franquismo. En este último caso, Baltasar Garzón ganó el pasado 13 de junio la recusación de cinco magistrados de la Sala Penal. Y volvió a saltar al debate público su aparente falta de imparcialidad.
