Las células yihadistas constituyen la principal amenaza terrorista para España a pesar de la vigencia de ETA
Foto: AP Ayman al Zawahiri, sucesor de Osama bin Laden, en una de sus soflamas. El egipcio pide a sus seguidores "liberar Ceuta y Melilla".
El teléfono de Riay Tatary, respetado imán de la mezquita de Abu Baker en el madrileño barrio de Tetuán, no para de sonar sobre la mesa de madera de su luminoso y austero despacho. Tatary soluciona con paciencia los problemas que afectan a la comunidad musulmana de más de un millón de personas, pero en los últimos años se enfrenta a uno nuevo e inesperado: las quejas de imanes en pueblos y ciudades de toda España que aseguran haber sido "acosados" por las Fuerzas de Seguridad del Estado para que colaboren en la lucha antiterrorista. "Una cosa es colaborar y otra, acosar", se queja en voz baja el sirio-español.
Antes de los atentados del 11-M, en 2004, Tatary, de 61 años, no recibía esas llamadas. Casi nadie investigaba las huellas del yihadismo en España pese a las múltiples señales de amenaza que militantes como los Soldados de Alá que dirigía Imad Eddin Barakat, Abu Dahdad , de 44 años, dejaron durante más de cinco años en el camino. Ni la captación de militantes para Afganistán, Bosnia o Chechenia, ni el incesante flujo de dinero para la yihad que salía de las cajas registradoras de algunos locutorios y carnicerías, ni la sospechosa visita de Mohamed Atta, dirigente de los suicidas del 11-S a Tarragona, ni una larga lista de indicios que tuvieron su pico máximo en octubre de 2003 cuando Osama Bin Laden amenazó a España por su participación en la guerra de Irak sirvieron para que nuestros servicios antiterroristas, entonces ciegos y mudos, reforzaran la seguridad en un flanco desguarnecido. Reino Unido y Francia sí lo habían hecho desde 2001.
Hace siete años, todas las miradas se dirigían a ETA y solo 150 agentes de policía, Guardia Civil y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la mitad dedicados a tareas burocráticas, sin traductores, ni servicios de vigilancia, investigaban a las células locales inspiradas en Al Qaeda. Pocos creían en la amenaza, tampoco la prensa y la judicatura, y hasta enero de 2004, dos meses antes de la matanza de Atocha, el CNI no incluyó al yihadismo en su Directiva de Inteligencia, documento que recoge los objetivos que propone y aprueba el Gobierno.
Hoy, los 150 agentes que en sus investigaciones intermitentes estuvieron tan cerca de algunos de los autores del 11-M como Jamal Zougam, condenado como autor material, o Serhane Ben Abdelmajid, El Tunecino , uno de los suicidas en Leganés, se han multiplicado como hongos y forman un ejército de hombres y mujeres que mantiene abiertas 60 investigaciones. Su trabajo lo vigila un Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista que intenta evitar la falta de comunicación entre los servicios que afloró tras aquel atentado. Una descoordinación que todavía existe, según cables secretos de la embajada de EE UU en Madrid remitidos a Washington (Estados Unidos).
España sigue siendo objetivo preferente de las células yihadistas, sobre todo después de que mostráramos nuestra vulnerabilidad. Si hace siete años apestaba a yihad, ahora surgen nuevos indicios que anuncian que "los benditos ataques de Madrid" no eran nada pasajero o circunscrito exclusivamente a la participación española en la guerra de Irak durante el mandato de José María Aznar. Ayman Al Zawahiri, el médico egipcio de 60 años que ha sustituido a Bin Laden reivindica en sus vídeos la liberación de Ceuta y Melilla; Al Qaeda en el Magreb Islámico, el grupo salafista que secuestró en Mauritania a los tres cooperantes españoles, se financia con el trapicheo de delincuentes en España y sus jefes argelinos sueñan con atentar aquí o en Francia, según prueban documentos e intervenciones telefónicas; la presencia española en Afganistán y el Líbano sirve de argumento para que el nombre de España aparezca como enemigo del islam en decenas de soflamas y páginas web yihadistas. Y los salafistas no renuncian a Al Andalus para lograr el sueño de recuperar los territorios perdidos y crear un nuevo califato.
La amenaza continúa, hay miedo y prevención ante otro 11-M, pero el escenario ha cambiado. La respuesta judicial tras el atentado con decenas de detenciones preventivas ha evitado posibles atentados, como el de la célula de paquistaníes condenados por el Tribunal Supremo que en 2008 proyectaban en fase "embrionaria" volar el metro de Barcelona; o la desarticulación del grupo de los Sin Vicio de Occidente en Santa Coloma de Gramenet que ayudaron a huir a Mohamed Belhad, supuesto autor del 11-M, y enviaron al suicida Bellil Begacem a Irak, un argelino que asesinó a 28 personas al volante de un camión bomba en Nasiriya. Cataluña se ha convertido en la última década en un hormiguero de actividad islamista y hasta la CIA ha abierto una oficina secreta en su consulado de Barcelona para controlar el área mediterránea, según los cables secretos de su Embajada en Madrid.
Si al imán Tatary le llegan las quejas de la sobreactuación de algunos agentes ansiosos o inexpertos, en los palacios de justicia suenan los teléfonos días antes de que el Tribunal Supremo reduzca o anule las penas impuestas a los islamistas por la Audiencia Nacional, pero jueces como Javier Gómez Bermúdez o los fiscales Javier Zaragoza, Vicente González Mota y Dolores Delgado están convencidos de que caminan por el sendero correcto y no van a cambiar de rumbo. "No podemos esperar a que consigan el explosivo", es una de las frases más pronunciadas en esa sede judicial.
La efervescencia salafista en Marruecos y su frontera con Ceuta y Melilla es uno de los mayores riesgos para nuestra seguridad. La colaboración con ese país, inexistente en la etapa de Aznar, se ha convertido en referencia y somos el único país de la UE con un juez de enlace en Rabat, hasta hace poco Ángel Lorente. Marruecos respondió a nueve comisiones rogatorias relacionadas con la matanza de Atocha y condenó a tres colaboradores procesados en España.
Félix Sanz Roldán, director del CNI, confesó hace varias semanas a un grupo de empresarios que "la mayor amenaza para España procede del terrorismo yihadista". Los informes que recibió el Gobierno tras la muerte de Bin Laden en Pakistán vaticinan un aumento coyuntural del riesgo. Hay miedo a otra yihad, pero ahora estamos más y mejor protegidos.
