La tensión territorial y el miedo a un debate sobre la Corona bloquean la única propuesta para modificar el texto de 1978
El príncipe Felipe y el rey Juan Carlos, en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas celebrado en Sevilla en 2006.
José Luis Rodríguez Zapatero llegó en 2004 al Gobierno con una propuesta de reforma de la Constitución debajo del brazo. La primera que se ha planteado abiertamente en 33 años. Solo afectaba a cuatro aspectos -igualdad de hombre y mujer en la sucesión a la Corona, reforma del Senado, inclusión del nombre de las comunidades autónomas y mención a la Constitución Europea- y, en principio, generaba un amplísimo consenso. Hubo hasta un informe favorable del Consejo de Estado. Pero hoy, siete años y dos legislaturas después, sigue en un cajón. Sin visos de que nadie la recupere de momento. "[La reforma] No es imprescindible ni una tarea prioritaria para el Gobierno", dijo el presidente Zapatero ya en diciembre de 2008, durante la celebración del 30º aniversario de la ley de leyes. Desde entonces, silencio.
Y es que el procedimiento de la reforma es todo menos sencillo: implica un amplio acuerdo de las Cámaras, unas elecciones y un referéndum. Y el consenso parece seguro en torno a esos cuatro puntos, pero estallaría en mil pedazos si en el debate se cuelan nuevas propuestas. En estos años han ido surgiendo algunas. Sobre todo tras la aprobación en cadena, a partir de 2006, de los nuevos estatutos de autonomía, que estiró al máximo los mimbres constitucionales en el reparto del poder territorial... sin tocarlos formalmente. Los textos están, de hecho, cuajados de coletillas recordando que nada de lo dispuesto tiene valor si no respeta la Constitución.
Mariano Rajoy, presidente del PP, consideró aquel proceso una "reforma encubierta" de la Norma Fundamental (en realidad solo lo consideró en el caso del Estatuto catalán; no de otros, como el valenciano o el andaluz, apoyados por su partido y con algunos artículos calcados de aquel). Y propuso su propia reforma: 14 modificaciones puntuales, entre otras cosas para "clarificar" las competencias de cada Administración y evitar un "Estado residual". También eso quedó en el olvido. El PP nunca lo ha resucitado. El único partido que hoy reclama recuperar para la Administración central competencias transferidas a las comunidades es Unión Progreso y Democracia (UPyD); eso no tiene por qué implicar una reforma constitucional, pero sí podría pedir paso en el debate de ideas que la reforma, inevitablemente, traería consigo.
En 2008, al cumplirse 30 años de la aprobación de la Constitución, este periódico preguntó a los portavoces de los grupos parlamentarios por sus perspectivas ante una hipotética reforma. Varios de ellos pidieron ir más allá de los cuatro puntos planteados por Zapatero. IU proponía "adaptar la organización territorial del Estado a la pluralidad nacional", incluir principios medioambientales o desarrollar el concepto de laicidad; el PNV abogaba por "hincar el diente" al capítulo territorial y modificar el título referido al Tribunal Constitucional; el BNG quería "blindar las competencias de las comunidades autónomas"; Coalición Canaria, que se reconozca la especificidad de las islas... Once catedráticos de Derecho Constitucional contestaron también a la pregunta "¿es necesario reformar la Constitución?". Y la conclusión de sus reflexiones, a favor o en contra, venía a ser que, una vez abierto el melón, la reforma puntual puede convertirse en una revisión en toda regla.
A todo eso se suma el complejo mecanismo que habría que poner en marcha, una mina en sí mismo: cualquier reforma constitucional que afecte a la definición del Estado, los derechos fundamentales o la Corona debe hacerse por la fórmula del "procedimiento agravado" (aprobación de la iniciativa por mayoría de dos tercios en Congreso y Senado, disolución de las Cortes, elección de otras nuevas que elaboren la reforma y la aprueben y, finalmente, convocatoria de un referéndum de ratificación). El temor es que esas elecciones constituyentes, y el posterior referéndum, deriven en un plebiscito sobre la Corona. Que la pregunta "¿debe mantenerse la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión en la Corona?" acabe sepultada por un debate sobre Monarquía o República.
Aunque quién sabe si los partidos terminarán encontrando fórmulas alternativas para llegar al mismo sitio. Miquel Roca (ponente de la Constitución en 1978 por parte de CiU) sostiene, por ejemplo, que no es necesario reformar la Constitución en ese punto porque hay otro artículo, el 14, que prohíbe la discriminación por razón de sexo. Solo hay que dilucidar, afirma, qué artículo pesa más, y eso podría hacerlo el Tribunal Constitucional -si alguien le hace algún día la consulta- o una ley orgánica.
