JOSÉ MARÍA RIDAO
Tal vez con la única excepción de Italia, y por razones enteramente distintas, pocos países europeos han sido sometidos a una tensión institucional como la que ha padecido España en estas tres décadas y media. La revisión del modelo autonómico es la parte más visible de una pulsión por deshacer el camino recorrido que pareció instalarse en las elecciones de 1993, cuando el entonces aspirante popular a La Moncloa, José María Aznar, descalificó el pacto alcanzado entre Felipe González y Jordi Pujol que permitiría gobernar en minoría a los socialistas con el apoyo de los catalanes. Aquel pacto, según Aznar, había alumbrado un "Gobierno débil en manos de los nacionalistas", contra el que emplearía todos los recursos a su alcance para obtener una ventaja por la mínima tres años después. Forzado a buscar apoyos parlamentarios a consecuencia de unos resultados menos favorables de lo que esperaba, Aznar no solo pactó con los catalanes como había hecho González, sino que incrementó el número y la cuantía económica de los acuerdos que, realizados por su antecesor, le parecieron concesiones inaceptables.
Se suele considerar que aquella primera legislatura del Partido Popular en el Gobierno estuvo marcada por la moderación, a la que, en esta visión optimista de los hechos, habrían contribuido los nacionalistas. La moderación, en realidad, se limitó al trato con los nacionalistas, a los que necesitaba. Con la oposición socialista, el Partido Popular de Aznar fue aún más implacable que en el camino hacia el Gobierno. Si la brutalidad de aquella forma de hacer política pasó desapercibida fue, sencillamente, porque parecía que el Partido Socialista estaba expiando su merecido, los famosos años de "paro, corrupción y despilfarro". En realidad, era eso y otra cosa más: estaba sirviendo de chivo expiatorio para la recuperación de un proyecto político ultraconservador que, desterrado durante la Transición, empezó a asentarse sobre la base de los errores de los socialistas, unos auténticos y otros engrandecidos por la propaganda del Partido Popular.
Fue en la segunda legislatura de Aznar cuando, desde la mayoría absoluta obtenida en las elecciones de 2000, el proyecto político ultraconservador que fue fraguando desde la primera fue aplicado en toda su extensión. Los nacionalistas que habían completado la mayoría parlamentaria de los populares para permitirles formar Gobierno fueron acosados como antes lo habían sido los socialistas, presentándolos, en este caso, como partidarios de una ideología que tarde o temprano llevaba al conflicto. La persistencia de la barbarie etarra sirvió para confirmar esta visión y, en último extremo, para poner bajo sospecha a los nacionalistas; a los vascos, porque con Ibarretxe se lanzaron a elaborar fantasías jurídicas que pretendían acabar con el terrorismo por la expeditiva vía de concederle un poco o un mucho de razón, y a los catalanes porque no eran suficientemente beligerantes contra los nacionalistas vascos.
Amparándose en la mayoría absoluta de 2000, Aznar dejó de tratar a las instituciones establecidas por la Constitución de 1978 como un espacio en cuyo interior se desarrolla una lucha política reglada entre diversas fuerzas, y quiso convertirlas en instrumentos al servicio de su proyecto político y solo de él. Los partidos nacionalistas fueron expulsados de todos los órganos de ámbito estatal, desde el consejo de la radio y televisión españolas a las instancias de gobierno de los jueces o las mesas del Congreso y del Senado. Instituciones como el Tribunal Constitucional emprendieron el camino de una politización cuyas consecuencias se siguen pagando en estos días. A efectos institucionales, el balance de las dos legislaturas de Aznar se resume en que, frente al terrorismo, alguien que no apoyara las políticas de su Gobierno quedaba bajo sospecha. Y si, además, disentía desde posiciones de izquierda, entonces sumaba a esa sospecha otra igualmente infamante: la de ser connivente con los corruptos.
El peor error cometido por Rodríguez Zapatero fue imaginar que el destrozo institucional legado por Aznar no exigía repararlo, sino aprovecharlo de manera oportunista para aplicar un programa político de signo enteramente contrario. Tras la legislatura implacablemente ultraconservadora, Zapatero pretendió oponer un izquierdismo gestual y simbólico que dejara en sistemática evidencia al Partido Popular. El resultado de la operación salta a la vista: un país crispado y dividido, en el que las instituciones languidecen bloqueadas por los intereses partidarios o, simplemente, lastradas por el descrédito que les reportan sus propias actuaciones, incluida la corrupción. En este contexto, han empezado a escucharse voces que reclaman revisar los acuerdos de la Transición que propiciaron el actual sistema político, dando por descontado que en ellos se encuentra la raíz de los problemas. Esos acuerdos no debieron de ser tan despreciables cuando alumbraron un sistema político capaz de resistir a los vendavales de sectarismo que no ha dejado de soplar en una u otra dirección desde 1993. La raíz de los problemas no estaría, entonces, en la arquitectura institucional, sino en el uso irresponsable que se ha hecho de ella en estas tres décadas y media.
