Por Jaime Cordero
Su despacho, una amplia oficina en la avenida de Abancay, está lleno de papeles. Uno se pregunta quién se dedicará a leer estas páginas que son parte de uno de los juicios más trascendentes en la historia de Perú. Sólo pensar en el trabajo de elaborar ese expediente –más de 60.000 páginas, y sigue creciendo– lleva a reconocer ya el trabajo del fiscal supremo José Peláez Bardales, el adjunto Avelino Guillén y su equipo. El premio seguramente llegará si alcanzan el objetivo: que un ex jefe de Estado sea condenado por delitos contra los derechos humanos por un tribunal de su propio país. Ellos creen estar cerca. Desde diciembre de 2007, Peláez y Guillén se turnan en el papel de llevar los cargos contra Alberto Fujimori, acusado de ser responsable intelectual de las políticas de guerra clandestina contra el terrorismo que derivaron en las matanzas de Barrios Altos y la universidad La Cantuta, en 1991.
Sus caracteres son opuestos: Peláez se autodefine como la calma y la paciencia; Guillén, ocho años más joven, es pura vehemencia en los interrogatorios. Pero ellos intentan ser complementarios. “Nos reunimos cada dos días y allí definimos quién asiste a las audiencias”, dice el fiscal supremo. En casi un año de proceso han pasado más de un centenar de testigos y creen haber demostrado ya la culpabilidad de Fujimori, para quien piden 30 años de prisión.
Jaime Cordero es periodista; colabora con EL PAÍS desde Perú.