A algunas gentes les cuesta trabajo comprender que quienes éramos republicanos de toda la vida y no nos arrepentimos de serlo, hayamos tomado parte en la elaboración de una Constitución que establece la Monarquía parlamentaria como forma de Estado. En realidad nos hallamos ante lo que pudiéramos llamar un compromiso histórico adaptado a la realidad política de España.

Tras la muerte de Franco se abrió, por primera vez en casi cuarenta años, la posibilidad de restablecer la democracia. No había entonces ni dos ni tres caminos para lograrlo. La oposición democrática no tenía fuerza para derribar por sí sola la dictadura. La mayor parte de los partidos que la componían ni siquiera se habían planteado nunca el propósito de derribar al régimen. De hecho, a lo largo de aquellos años sólo se plantearon sustituirle, bien por una presión de las potencias democráticas para desplazarle, bien por la desaparición física del dictador.

Desde 1956, convencido de esto, el Partido Comunista había elaborado la política de reconciliación nacional, que preveía una aproximación entre la oposición y las fuerzas que desde el interior de aquel régimen evolucionaban hacia posiciones democráticas, bajo la influencia de las acciones antifranquistas y del entorno mundial.

La desaparición física de Franco, que era la clave de bóveda de aquel sistema, creó las condiciones favorables para el encuentro de ambas corrientes: oposición y reformistas, condiciones que era necesario aprovechar y en ese momento resultó que el jefe político de los reformistas no era otro que don Juan Carlos.

Él era quien desde la Zarzuela había promovido e impulsado esta fuerza, estableciendo contactos cautelosos con la oposición. Dentro de ésta había también monárquicos.

Los que veníamos de una tradición republicana, al principio desconfiábamos de los propósitos del, primero, príncipe de España, y después, Rey, por la razón de que lo había designado Franco. Temíamos, dado este origen, que se propusiese continuar el régimen dictatorial. Hasta que comprobamos que estaba dispuesto a devolver la soberanía al pueblo y a facilitar la vía pacífica a la democracia.

En esa situación la aceptación de la forma de Estado monárquica, a cambio de que ésta fuese constitucional y parlamentaria, es decir, de que la soberanía residiera en el pueblo -como sucede en cualquier república democrática- se convertía en la condición sine qua non para un acuerdo entre oposición y reformistas. Plantear la opción republicana equivalía a forzar el mantenimiento del bloque entre reformistas y ultras y a retrasar indefinidamente la salida de la dictadura.

Para nosotros, en aquellas circunstancias el dilema esencial no era república o monarquía, sino otro: dictadura o democracia.

Por ello, optamos a favor de aquel compromiso histórico.

La experiencia ha confirmado la justeza de esa opción. El Rey ha respetado el compromiso. El 23-F fue una prueba de fuego para la democracia en la que el Rey demostró su fidelidad a la Constitución; un presidente de la república no hubiera podido hacerlo.

Los problemas actuales de la democracia española no se diferencian de los que pueda tener hoy cualquier república europea.

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Santiago Carrillo fue secretario general del PCE durante la transición.