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EL PAÍS, 24/06/2001
PANORAMA | ANÁLISIS
La citación como imputado del ministro Piqué y el Código Ético del PP
Por Javier Pradera
El fiscal complaciente
DIEZ FISCALES DE LA SALA SEGUNDA aprobaron el pasado miécoles -con dos votos en contra- una propuesta para citar a declarar como imputado por tres delitos de alzamiento de bienes, apropiación indebida y fraude fiscal en el caso Ercros al actual ministro de Asuntos Exteriores; al día siguiente, la Junta de Fiscales del Supremo en pleno (las salas Civil, Penal, Contencioso-administrativa, Laboral y Militar) confirmaba la medida pese a la desespera maniobra del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, para arrancarle un veredicto anulatorio. El ministro Piqué, sin embargo, dispone todavía de una última oportunidad para no tener que comparecer ante el Supremo a requerimiento del fiscal Bartolomé Vargas: el fiscal general, una vez oído el dictamen no vinculante de la Junta de Fiscales de Sala, podría revocar por su cuenta y riesgo esa citación.
Los justificados recelos sobre las solapadas interferencias del Gobierno -a través del fiscal general- en el mundo judicial han sido reforzados esta semana con la publicación del informe sobre España elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa. El documento echa de menos una estrategia global y multidisciplinar del Gobierno de Aznar contra la corrupción que preste atención a la represión penal, la información, la prevención, la educación, la sensibilización de la ciudadanía y una activa colaboración de los funcionarios públicos y de las autoridades. El informe Greco también recomienda al Ministerio de Justicia un sustancial incremento de los recursos humanos y materiales puestos a disposición de la Fiscalía Anticorrupción, creada en 1995 bajo un Gobierno socialista, así como la inclusión dentro de su área competencial de las facultades extraordinarias concedidas anteriormente por el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la Fiscalía Antidroga.
Por lo demás, el Consejo de Europa muestra su preocupación por las holguras legales susceptibles de servir de pasadizos ocultos a las interferencias del fiscal general sobre la actividad acusatoria en general y la lucha contra la corrupción en particular; según Luis María Díez-Picazo (El poder de acusar, Ariel, 2000), ese problema no se da sólo en España, sino también en otros países europeos. La Constitución de 1978 trató de compensar la dependencia del ministerio público respecto al Gobierno (que no sólo nombra y destituye al fiscal general, sino que también puede "interesarle" sobre un asunto a través del ministro de Justicia) con un cierto grado de autonomía operativa. De esta forma, "los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica" que ligan disciplinariamente a los miembros del escalafón bajo las órdenes del fiscal general quedan suavizados por la sujeción de la institución a los "principios de legalidad e imparcialidad": aunque el fiscal general pueda retirar un asunto a cualquiera de sus subordinados, los fiscales tienen derecho a discrepar mediante escritos razonados.
Tras la decisión de citar como imputado en el 'caso Ercros' al ministro Piqué adoptada el miércoles por la Junta de Fiscales de Sección y ratificada al día siguiente por la Junta de Fiscales del Supremo en pleno, Jesús Cardenal tiene una excelente ocasión para despejar las sospechas sobre sus complacencias con los deseos del Gobierno dando luz verde a la petición fiscal ratificada dos veces por órganos superiores. Si a comienzos del año pasado el fiscal general echó una valiosa mano al presidente y a su actual ministro de Asuntos Exteriores al apartar del caso al fiscal Barlolomé Vargas, los buenos servicios de Cardenal al Gobierno serían ahora todavía más preciosos: a menos que el fiscal general impidiera la imputación de Piqué en el 'caso Ercros', Aznar no tendrá más solución que cesar a su ministro de Asuntos Exteriores, so pena de quedar ante el electorado como un jugador de ventaja que promulgó en 1993 un Código Ético de moralización de la vida pública con el exclusivo propósito de asaltar el poder.
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