El papel del Gobierno de Aznar

En su primera declaración tras el arresto del general Augusto Pinochet en la noche del viernes 16 de octubre de 1998 en Londres, durante la cumbre iberoamericana de Oporto, celebrada dos días después, tras pedir "respeto y prudencia", José María Aznar dijo: "El Gobierno no será instado por nadie o nada. Podrá recibir o no recibir peticiones, podrá estudiar o no podrá estudiarlas en función de que las reciba o no las reciba, y del fundamento de esas peticiones..., pero, desde luego, no voy a adelantar nada hasta que no sepa el fundamento real de los hechos".

El presidente añadió: "Estamos ante un asunto que no sólo afecta a personas, sino a muchas sensibilidades diferentes en países distintos, y que también tienen derecho a decir lo que opinan y pueden decir muchas cosas, incluso decir cosas de España".

En definitiva, la prudencia con la que fue acogida la detención de Pinochet en Londres daba medida de la incomodidad del Gobierno ante el caso y de los equilibrios que hubo de hacer para intentar contentar a todas las partes.

El Ejecutivo tramitó con celeridad la solicitud de extradición de Pinochet dictada por Garzón, una actitud que le valió aplausos en España pero por la que tuvo que explicarse ante el Gobierno chileno.

El ministro de Exteriores, Abel Matutes, tuvo que explicar a su homólogo chileno, José Miguel Insulza, que la decisión de solicitar la extradición del ex dictador no era "de carácter político", ya que el ordenamiento jurídico español no deja otra alternativa al Gobierno.

A pesar de todo el Gobierno chileno llamó a consultas a su embajador en Madrid y la reacción de la derecha pinochetista en Chile obligó a reforzar la seguridad en torno a la Embajada española en Santiago, a la que, como represalia se le suspendió el servicio de recogida de basuras.

Las relaciones con Chile, uno de los destinos preferentes de las inversiones españoles en Latinoamérica, comenzaron a atravesar un momento delicado, así como los excelentes contactos que el propio presidente Aznar mantenía hasta entonces con el presidente de aquel país, Eduardo Frei, cuyo modelo liberal democristiano era muy próximo al Partido Popular.

"Nuestra posición es respetar la decisión final de la justicia", se aseguraba continuamente desde las fuentes oficiales, ante un tema claramente incómodo.

El Gobierno también tuvo que hacer frente la tormenta de reacciones suscitada por la actitud del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, nombrado por el Ejecutivo, frente al caso. En octubre de 1998 Fungairiño decidió recurrir la extradición de Pinochet.

El fiscal sostenía que no existió genocidio en Chile y que aunque lo hubiera habido España no tendría jurisdicción sobre el caso. El pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaraba el 5 de noviembre, de 1998 contra las previsiones del Gobierno, la jurisdicción española en los casos de Argentina y Chile.

Al día siguiente, el Consejo de Ministros aprobaba la solicitud de extradición de Pinochet al Reino Unido. El Gobierno también tuvo que responder por la intervención del Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal.

En las preguntas de control parlamentario el 11 de noviembre de 1999 ante una pregunta de si el Gobierno pensaba destituir a Cardenal por su actitud contraria a la investigación de los casos relacionados con el ex dictador y por sus recursos contra el auto de prisión y procesamiento, Aznar tuvo que salir al paso con una explicación "no se destituirá al fiscal general del Estado por el hecho de haber defendido una interpretación legítima de la legislación española".

En agosto de 1999, la Fiscalía General del Estado apoya públicamente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en su petición de libertad para Pinochet.

El 25 de noviembre de 1998, poco antes del primer fallo de la Cámara de los Lores, los asesores de Aznar en La Moncloa manejan con certeza el dato de que la inmunidad de Pinochet será confirmada, lo que permitirá su devolución a Chile.

Esa tarde se dicta la sentencia en Londres: la Cámara de los Lores, por tres contra dos, revoca la inmunidad del ex dictador.

El mismo día, el Congreso aprobó una propuesta favorable a la extradición, presentada horas antes de la decisión de los lores por los socialistas, en la que solicitaba la máxima colaboración del Gobierno con las actuaciones judiciales contra el ex dictador. El Grupo Popular apoyó la iniciativa.

Tras la decisión el 9 de diciembre de 1998, del ministro de Interior británico, Jack Straw, favorable a que comience el procedimiento de extradición por los delitos de tortura, conspiración para tortura; asesinato, conspiración para el asesinato; desaparición de personas y conspiración para hacer desaparecer personas, Chile anuncia sanciones como la suspensión de cualquier contacto bilateral o de alto nivel con el reino Unido y España.

Sin embargo poco a poco comienza tomar forma la posibilidad de una salida negociada al caso. Su primera expresión la muestra el presidente del Senado chileno, el democristiano Andrés Zaldívar, en una visita a Aznar el 17 de diciembre de 1998 en la que solicitó "que sea un Tribunal Internacional de Justicia" el que decida qué país y qué institución es competente para juzgar a Pinochet".

El Gobierno de Eduardo Frei formalizó esta iniciativa el 24 de julio de 1999: proponía la realización de un arbitraje internacional entre Chile y España en el marco del artículo 30 de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.

El Gobierno español, en principio reacio a la idea, empezó a considerar esta posibilidad ante la presión diplomática chilena. Entre los pasos a seguir se resolvió una triple acción. Por un lado, se solicitaría un dictamen del Consejo de Estado sobre dicho arbitraje que obligaría a tramitar en el Parlamento español una ley que lo autorizase; un segundo paso consistía en enviar a Santiago de Chile una "misión reservada" con la propuesta, para entrevistarse con el canciller Valdés y con el presidente Frei, y, finalmente, el tercer objetivo pasaba por conseguir el apoyo del primer partido de la oposición, el PSOE.

Matutes solicitó una entrevista a Joaquín Almunia el 30 de julio de 1999 y le expuso el plan. El líder del PSOE anunció que si se llevaba la propuesta de arbitraje al Congreso de los Diputados, votaría en contra y expresó su postura favorable a que siguiera adelante el proceso de extradición

Finalmente la idea fue abandonada ante las críticas surgidas desde todos los sectores de la sociedad española y el 3 de septiembre de 1999 Matutes comunicó a Chile que rechazaba el arbitraje.

A comienzos de 2000 el Gobierno español tuvo que hacer frente a un escándalo diplomático cuando el informe realizado por los médicos que examinaron al ex dictador en Londres, y que a la postre fue el que sirvió para ponerle en libertad al considerar que no estaba en condiciones de afrontar un juicio, salió a la luz pese a haber sido facilitado bajo estricta confidencialidad.

El 5 de febrero de 2000 un tribunal británico obligaba al Gobierno de Londres a entregar el informe, bajo confidencialidad a los cuatro países que habían pedido la extradición, España, Bélgica, Francia y Suiza, para que pudieran alegar sobre su contenido en un plazo de siete días.

Sin embargo, la confidencialidad exigida por los jueces se quebró sólo dos horas después de que el documento fuera recibido por fax en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según fuentes del ministerio, se hicieron tres copias de ese documento: una para el archivo, otra para su traducción oficial y una tercera que se envió al juez Garzón.

Dos horas después de recibirse los informes en Exteriores, varios periódicos de Madrid ya tenían en su poder el documento.

El Gobierno tuvo que salir al paso de las acusaciones de oposición y medios de comunicación que apuntaban al ministerio como la fuente de la filtración y achacó la misma "a un buen trabajo de periodismo de investigación".

Finalmente la intervención del Gobierno acabó con la decisión de no recurrir la decisión de Straw de poner en libertad a Pinochet, algo que tampoco hicieron Francia, Bélgica y Suiza, los otros tres países que habían pedido su extradición.