Conato de procesamiento

NERE FONTÁN
La noticia inesperada llegaba el pasado 1 de diciembre cuando Juan Guzmán Tapia ordenaba el procesamiento del ex dictador Augusto Pinochet como coautor intelectual de los delitos de secuestro y homicidio en los crímenes cometidos tras el golpe de Estado de 1973. Era su acción más espectacular en el caso Pinochet.

Esta determinación mostraba la plena convicción del juez sobre la presunta autoría intelectual del ex dictador en los crímenes de los que se le acusaba sin esperar a que Pinochet se sometiera a los exámenes psiquiátricos y neurológicos que ordenaba la justicia, ni someterlo a interrogatorio en Chile. La réplica de los abogados se fundamentó en que el procesamiento no era válido al no constar hasta la fecha ninguna declaración de Pinochet.

La quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago tumbaba con una contundente victoria el auto de Guzmán al considerar unánimemente el recurso de amparo que la defensa del ex dictador había presentado. El argumento de los magistrados se basaba en que el Guzmán Tapia no había cumplído con el requisito previo de interrogar a Pinochet antes de declararlo reo.

Cuatro de los jueces coincidían en que al encausamiento de Guzmán contra Pinochet le faltaba un aspecto formal, técnico, la declaración indagatoria del inculpado o el interrogatorio al que debe someter un juez a un inculpado antes de decidir su procesamiento.

Los magistrados habían desechado el argumento esgrimido por Guzmán que exponía que el interrogatorio por escrito a Pinochet se había efectuado el 4 de octubre del año pasado por exhorto a Londres, mientras el general estaba arrestado en esa ciudad por petición de la justicia española. Entonces, según Guzmán, el ex dictador se había negado a contestar el exhorto devolviéndolo en blanco.

El 20 de diciembre la Corte Suprema confirmaba la anulación del procesamiento y el arresto domiciliario pero ordenaba al mismo tiempo al juez Juan Guzmán a someter a interrogatorio al desaforado general en un plazo perentorio de 20 días. La victoria del dictador era relativa, ya que el Alto Tribunal daba una oportunidad de procesar, esta vez en regla, al general Augusto Pinochet, declaración indagatoria mediante. Guzmán debía administrar el fallo de la Corte de una manera políticamente correcta para el Gobierno.

La victoria de los derechos humanos en la Corte Suprema quedaba descafeinada y la derecha y el ex dictador apuraban sus esfuerzos para cerrar el caso. El objetivo: mostrar la presunta incapacidad de Pinochet para defenderse en un juicio.