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LA POLÉMICA CONCESIÓN DE LICENCIAS UMTS EN ESPAÑA
El Gobierno otorgó las cuatro licencias de telefonía de tercera generación, UMTS, en el Consejo de Ministros que se celebró el 10 de marzo de 2000.
De ganadores
Las operadoras Telefónica Móviles, Airtel y Amena (Retevisión) consiguieron su correspondiente concesión. No hubo sorpresas: las tres empresas salían con una ventaja considerable al contar con una licencia de telefonía GSM.
La cuarta licencia fue finalmente para el Consorcio Xfera que, a pesar de no contar con experiencia en el sector, aventajó en 3,5 puntos a Movi2 y en 18,6 a Movilweb en la calificación de la mesa de contratación del concurso.
Xfera está capitaneada por Vivendi, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), ACS, Mercapital, Orange (Mannesman) y Sonera, que además de ser el socio tecnológico tiene un 15%.
La concesión a Xfera obligó a Mannesman a deshacerse de su 7% por incompatibilidad, ya que Vodafone participa con un 21,7% en Airtel, otra de las operadoras con licencia UMTS.
Xfera tiene previsto invertir 1,3 billones de pesetas, generar 8.000 empleos directos, 37.000 indirectos y 285.000 inducidos en 10 años y cubrir el 95% del territorio nacional en dos años.
De perdedores
Como en todos los concursos también hubo perdedores. En esta ocasión se fueron sin 'premio' a casa Movilweb y Movi2.
Movilweb21 está avalado por Jazztel y Deutsche Telekom, y tenía previsto invertir 1,2 billones de pesetas y crear 27.517 empleos (directos, indirectos e inducidos).
Movi2 de Uni2 (France Telecom, Abengoa, CajaMadrid e Iberdrola), que planeaba invertir 1,5 billones de pesetas en 10 años, fue el que peor se tomó no obtener la licencia. Tras la privatización de Retevisión, en la que no le permitieron meter baza, ésta era la segunda ocasión en que a France Telecom, propietario del 69% de Uni2, se le cerraban las puertas del mercado español. Ahora era doblemente doloroso porque, teniendo en cuenta los criterios por los que le habían concedido la tercera licencia a Amena, el consorcio era considerado el caballo ganador.
Telefónica Móviles, Airtel, Amena y Xfera, las compañías vencedoras del concurso, centraron sus esfuerzos en una oportunidad de negocio a precio de saldo. Por sólo 129 millones de euros cada uno (una cifra mínima si se compara con las cantidades que se han pagado en otros países), más un canon anual del 1,5% de los ingresos brutos, podrían explotar la que, se dice, es la telefonía móvil del futuro. Eso sí, se comprometían a invertir en 10 años cantidades que rondan los 6.000 millones de euros.
Aún con estas inversiones, la operación salía redonda. El escenario colocaba a cuatro empresas operando en exclusiva en una tecnología que unifica telefonía celular con acceso a Internet y que en 2010 moverá 178.500 millones de euros en Europa. Las previsiones de rentabilidad a unos años en ese momento superaban el 54%.
Los problemas, sin embargo, comenzaron pronto. Al hecho de que el concurso hubiera estado rodeado de una enorme polémica (los candidatos se acusaron de cruce de participaciones y el fallo de produjo sólo unos días antes de que el Gobierno tomara posesión), se sumó una denuncia de Movi2 que fue aceptada por los tribunales. Esto dejó en el aire un cierto regusto de provisionalidad nada deseado por los promotores de los consorcios.
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España vs. Europa
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Las cifras millonarias que algunos países europeos consiguieron con la adjudicación de licencias UMTS desató la polémica en España.
La oposición acusó al Gobierno de haber regalado unas licencias por las que fuera de España se estaban pagando cantidades millonarias e instó a la repetición del procedimiento, esta vez mediante una subasta. El Ejecutivo, por su parte, aseguró que con el concurso los beneficiarios serían los consumidores ya que el ahorro de las empresas primaría a las inversiones y el precio de las llamadas.
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Durante el verano de 2000 se agudizó la controversia. En Europa comenzaron a convocarse subastas para adjudicar las licencias de telefonía móvil de tercera generación y algunos estados recaudaron miles de millones de dólares.
En España, se optó por una solución salomónica: el resultado del concurso se mantendría pero a las empresas se les impondría un nuevo canon anual, esta vez de 842 millones de euros, para compensar la pérdida recaudatoria del sistema utilizado.
Fomento, que no ha contestado al requerimiento de Iberpistas, se apresuró el 10 de enero, un día después de que Ferrovial (participa en Movi2) retirara el recurso, a defender la limpieza de la adjudicación, aunque sin ofrecer ningún detalle sobre la puntuación de las ofertas.
La respuesta del citado ministerio, que tras la última remodelación del gabinete Aznar ha perdido las competencias en Telecomunicaciones, contrasta con la de Ciencia y Tecnología, al que compete esta materia, y que ha optado por el mutismo, remitiéndose a la futura resolución judicial del concurso, recurrido también por Uni2, que integraba junto a Ferrovial el consorcio Movi2.
Precisamente, las empresas que ganaron el concurso de UMTS sostienen que va a ser difícil dar servicio a partir del 1 de agosto -plazo oficial- con dicho sistema por la falta de equipos y redes. Otro de los recursos que estudian interponer es contra la tasa por el uso del espacio radioeléctrico.
Pese a ello, la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, tiene pendiente una comparencia ante el Parlamento para explicar la limpieza del concurso y aportar el expediente completo del mismo, sobre todo tras la aparición de una carta de la consultora DMR que demuestra que se cambiaron a última hora los criterios de adjudicación.
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