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CERCO A LA DICTADURA CHILENA

Las claves del 'caso Soria'

Soria desapareció sin dejar rastro el 14 de julio de 1976 en Santiago. Dos días después, su cadáver fue recuperado del canal del Carmen. La autopsia reveló que Soria había sido salvajemente torturado y asesinado con un brutal golpe de kárate que le partió el cuello.

¿Cómo explicaron las autoridades el crimen?

Las autoridades chilenas atribuyeron el crimen a un asunto de faldas y en 1979 se sobreseyó la causa con una sentencia que calificó los hechos como homicidio por terceros desconocidos.

¿Cuál fue la reacción de la familia?

La viuda de Soria, Laura, huyó a España con sus tres hijos pocos meses después del crimen y, desde allí, siguió luchando porque se aclarara las verdaderas circunstancias del asesinato de su marido.

¿Cuál fue el resultado de su lucha judicial?

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Las actuaciones de la familia no obtuvieron casi resultados hasta 1991. Aquel año, la Comisión de Verdad y Reconciliación, presidida por Raúl Retting, incluyó en su informe sobre los crímenes de la dictadura el caso Soria. Pero la querella presentada por la familia ante un juez chileno fue rechazada porque, ante la inmunidad diplomática de la víctima, la causa requería un veredicto de la Corte de Apelaciones.

¿Qué decidió la Corte de Apelaciones?

La Corte de Apelaciones asumió el caso y en 1992 la juez instructora Violeta Guzmán estableció la responsabilidad en el asesinato de la llamada Brigada Mulchen, un comando dependiente del Servicio de Inteligencia (DINA). Guzmán identificó además a los cuatro autores, cuyos nombres fueron ratificados al año siguiente por otro agente de la DINA en una entrevista televisiva.

¿Hubo entonces castigo para los culpables?

No. La justicia militar reclamó entonces la causa, alegando la condición castrense de los inculpados, aplicó la ley de amnistía de Pinochet y sobreseyó la causa.

¿Consiguió la justicia militar cerrar el caso?

Tampoco. La presión diplomática de España consiguió que se reabriera y se ordenaran nuevas diligencias al juez Marcos Libedinsky, quien ratificó la amnistía. La odisea judicial continuó con nuevos recursos hasta que en 1996, la Corte Suprema dictó la amnistía definitiva con el argumento de que el Convenio de Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas no era de aplicación en el caso.

¿Qué esperanza le queda a la familia?

Encontrar justicia fuera de Chile. Los familiares de Soria dirigieron sus esfuerzos en dos direcciones: se unieron al procedimiento abierto en España por genocidio terrorismo y torturas y presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 19 de noviembre la CIDH consagró la jurisdicción universal a favor de Carmelo Soria. Este veredicto abre una puerta a la esperanza de que los culpables sean finalmente castigados.

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