El Gobierno francés aprueba una versión suavizada de su polémico plan de seguridad
El proyecto para combatir la delincuencia ha sido calificado por sus detractores de "declaración de guerra contra los pobres"
El Gobierno francés, presidido por el centrista Jean-Pierre Raffarin, ha aprobado hoy el polémico proyecto de ley de seguridad interior que castiga con prisión y multas la prostitución, la mendicidad "agresiva" o las acampadas de gitanos y amplía los poderes de la policía. Algunos extremos del plan, cuya paternidad se atribuye al ministro del Interior, el neogaullista Nicolas Sarkozy, han sido calificados por sus detractores de "declaración de guerra contra los pobres", pese a que la versión incial ha sido suavizada.
Éstas y otras críticas no han amilanado, sin embargo, a Sarkozy, quien, al presentar el proyecto en Consejo de ministros, ha segurado que va a "garantizar la seguridad de los franceses, en primer lugar los más modestos", esto es, "los que desde hace tantos años han sido los olvidados". De hecho, según el número dos del Gobierno los franceses "que tienen miedo" y que "cuentan con el Estado porque no tienen a nadie más para defenderlos" están "en el corazón" del proyecto.
Y lo cierto es que, pese a las fuertes críticas de socialistas, comunistas, verdes y de una treintena de sindicatos, asociaciones izquierdistas de abogados y magistrados y de derechos humanos, el proyecto obtiene según los sondeos, un amplio respaldo entre los franceses. Un apoyo que llega al 72%, según la encuesta publicada estos días por el instituto Ipsos.
La sombra del autoritarismo
El proyecto iniciará su trámite parlamentario en el Senado el próximo 5 de noviembre con la previsible oposición de la izquierda, que ha llamado a los franceses a movilizarse contra un texto que "podría conducir a un estado autoritario y a reprimir a todos los que han tenido la desgracia de quedarse al borde del camino".
Sin embargo, la postura de la izquierda no es unánime. El alcalde de Mulhouse, el socialista Jean-Marie Bockel, ha afirmado por ejemplo, que el "espíritu" del proyecto "no va contra los pobres" y ha acusado a parte de la izquierda de haber perdido el contacto "con la realidad vivida por la gente". Frente a esta opinión, el experto de seguridad de su partido, Julien Dray, ha denunciado un texto "al cien por cien represivo".
La seguridad ciudadana fue uno de los temas clave de debate en los dos últimos procesos electorales en Francia: los comicios legislativos de junio, donde se impuso el centro-derecha, y las presidenciales de mayo, en cuya segunda vuelta se impuso el neogaullista Jacques Chirac al ultraderechista Jean-Marie Le Pen.
Los puntos clave del proyecto
Suavizado con respecto a su versión inicial, el proyecto crea nuevos delitos, castigables con penas de prisión y multas.
Así, la prostitución en la vía pública será un delito: una persona que por su indumentaria o su "actitud" incite a relaciones sexuales se expone a seis meses de prisión y 3.750 euros de multa.
Los gitanos u otros nómadas que acampen sin autorización en un edificio, terreno ajeno o municipal se expondrán a seis meses de prisión y 3.750 euros de multa.
La "mendicidad agresiva" o con "un animal peligroso" será castigada con seis meses de cárcel y 7.500 euros de multa, y la explotación de la mendicidad con cinco años de prisión y 75.000 euros de multa cuando se trate de menores o personas vulnerables.
Los jóvenes de los barrios difíciles son otro blanco de la propuesta: obstaculizar la libre circulación de personas en las escaleras o partes comunes de edificios quedará penalizado con dos meses de prisión y 3.000 euros de multa.
Además, toda amenaza a representantes del orden -policías, gendarmes, magistrados, abogados, aduaneros- y sus familiares pero también a conductores de autobús conllevará una pena de dos años de prisión y 30.000 euros de multa, que podrán elevarse a cinco años y 75.000 euros en caso de amenazas de muerte.
Por otra parte, el texto amplía los poderes de la policía, que podrá registrar maleteros de vehículos en investigaciones por robo o receptación, y ya no sólo en casos de terrorismo y narcotráfico.
Por último, el fichero genético, reservado hasta ahora a los condenados por delitos sexuales, se ampliará a personas sobre las que hay "indicios graves o concordantes" que puedan llevar a su procesamiento por delitos castigables con un mínimo de tres años de prisión.
