Latinoamérica pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU la expulsión del embajador hondureño
En otra acción de rechazo al presidente Micheletti, los Gobiernos exigen al organismo que sólo reconozca a los diplomáticos designados por el destituido Manuel Zelaya
Los países latinoamericanos cerraron ayer filas en favor del destituido presidente de Honduras Manuel Zelaya, y señalaron que no aceptarán la participación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de una delegación diplomática que no sea la designada por el Gobierno depuesto.
El embajador de México ante la ONU en Ginebra, Juan Gómez Camacho, habló en representación del grupo latinoamericano para señalar que "no estamos dispuestos a permitir que ningún pueblo de la región experimente cambios antidemocráticos". Pidió a la presidencia del Consejo de Derechos Humanos (CDH), a cargo del embajador de Bélgica, Alex Van Meeuwen, que confirme la existencia de una carta enviada por el Gobierno de facto de Honduras "informando del cese del embajador" designado por Zelaya. "En ese caso, la persona que está aquí acreditada no sería de ese Gobierno y tendría que abandonar la sala", agregó ante la mirada del embajador hondureño, Delmer Urbizo, a quien hacía referencia. En realidad, Urbizo ya era embajador durante el Gobierno del depuesto presidente Zelaya, pero la existencia de tal misiva evidenciaría que ahora representa al Ejecutivo del presidente golpista, Roberto Micheletti.
Brasil y Argentina abrieron el debate en cuanto se abrió la sesión del CDH, que se prolongará durante tres semanas, pero aceptaron en que el asunto se discutiese tras los discursos previstos para el apertura.
Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) apoyó ayer la propuesta de excluir a Honduras de la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, informa la institución.
El secretario general del organismo, Luis Guillermo Pérez, lo justificó porque en Honduras, desde el golpe de Estado, se han producido "obstáculos" a la acción de la justicia, "la limitación drástica a la libertad de prensa y atentados contra la libertad de expresión, así como la militarización de funciones de seguridad e instituciones estatales".
