La terrible amenaza contra la libertad de expresión en Colombia

Colombia, hasta hace poco, en lo que tiene que ver con libertad de expresión y libertad de prensa había mejorado sustancialmente con respecto a décadas pasadas. Efectivamente, el número de asesinatos y acciones víctimizantes contra periodistas y líderes de opinión se han reducido. Si bien las amenazas continúan, lo cierto es que el Estado ha comenzado a proteger a estos líderes de opinión. También, aquellas épocas en que se prohibía entrevistar personas o se evitaban entrevistar a corrientes políticas son cosas del pasado. El avance hasta hace poco era impresionante.

En lo personal lo he constatado. Debí salir en varias ocasiones del país debido a amenazas, sufrí varios intentos de atentados. Cuando miro hacia atrás, compruebo que Colombia ha avanzado mucho. Hoy me muevo con mucha más tranquilidad por el país que hace 10 años. Vale decir que los tres intentos de atentados los han ordenado políticos y no criminales. Todo derivado de múltiples estudios que he realizado en conjunto con otros investigadores sobre las relaciones entre políticos con organizaciones criminales para llegar a cargos de elección popular. Varias de esas pesquisas las lideró la actual senadora Claudia López y yo hacía parte del equipo de investigadores. Más de 60 políticos, o mejor, criminales se fueron a la cárcel. Pero ahora todo este avance democrático está bajo amenaza.

En las últimas semanas sucedieron dos hechos que hacen temer por todo lo que se ha avanzado en los últimos años. Por un lado, La senadora Claudia López denunció como el partido político del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, Cambio Radical, tiene más de 40 políticos, ya sean ex senadores, exalcaldes o exgobernadores, condenados o investigados por actos de corrupción, homicidios, y relaciones con grupos criminales. De este hecho, López concluyó que ese partido era un concierto para delinquir con personería jurídica. Días después la Corte Suprema de Justicia ordenó retractarse a la senadora.

Es decir, la Corte consideró que la senadora debía retractarse de una opinión, que además era una deducción que sacaba de una serie de datos. Algo absurdo y que no se puede calificar de otra forma que de un caso de censura, según la Corte Suprema ya no se pueden dar opiniones.

El otro hecho, fue una opinión contra el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien pertenece al mismo partido Cambio Radical, y quien además fue abogado, o al menos produjo conceptos jurídicos para firmas que ahora se encuentran en medio del escándalo de corrupción de Odebrecht. Además el Fiscal General también está en medio de otro escándalo, ya que uno de sus nombramientos más importantes fue Gustavo Moreno, fiscal anticorrupción, quien fue capturado y está a punto de ser extraditado a los Estados Unidos por temas de corrupción.

Nuevamente la Senadora López se pronunció y manifestó que el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, se había opuesto a la creación de una institución jurídica encargada de investigar aforados, entre ellos el fiscal. Lo acusó de tenerle miedo a la cárcel. Nuevamente, una opinión surgida de una serie de datos. Está vez, el Tribunal Superior de Bogotá revisó una acción de tutela interpuesta por el Fiscal General Martínez y consideró que la senadora debía retractarse de la opinión.

El mundo de los líderes de opinión y de los medios de comunicación no dijo nada, no cuestionó, de hecho algunos periodistas se burlaron de las dos retractaciones de la senadora López. Algo estúpido e inexplicable, ya que es como si los medios aceptaran tal nivel de censura y no se dieran cuentan de lo que esto significa para la libertad de expresión. Es algo así como clavarse un puñal, o un acto de suicidio.

La manguala entre partidos políticos, altas cortes, fiscalía y órgano electoral es tan grande en Colombia, que en plena campaña política ha echado para atrás los avances logrados en décadas por la libertad de expresión. Ahora en Colombia la opinión se puede censurar.