_
_
_
_
_

Las comunidades gobernadas por el PP recurren al Supremo la paralización de la LOCE

Alegan que contraviene los principios constitucionales de jerarquía normativa y prohibición de arbitrariedad en la toma de decisiones

Los consejeros de Educación de las siete comunidades autónomas gobernadas por el PP han presentado hoy otros tantos recursos ante el Tribunal Supremo contra la paralización parcial de la Ley de Calidad (LOCE) que aprobó por decreto el Consejo de Ministros el pasado 28 de mayo.

Más información
Educación advierte a Esperanza Aguirre de que es ilegal implantar los itinerarios
La mayoría de las comunidades del PP acatarán el decreto del Gobierno

Los recursos alegan que la interrupción en la aplicación de diversos aspectos de la LOCE contraviene los principios constitucionales de jerarquía normativa y prohibición de arbitrariedad en la toma de decisiones administrativas, según el consejero madrileño, Luis Peral. Estas comunidades sostienen que un decreto no puede imponer la moratoria en la aplicación de una norma de rango superior como es una ley orgánica. También aducen que el Ejecutivo está incapacitado para suspender con carácter retroactivo una ley en vigor, algunas de cuyas medidas iban a aplicarse el próximo curso como los itinerarios.

De forma paralela al recurso ante el Supremo, las comunidades del PP también presentarán en breve una iniciativa análoga ante el Constitucional. A su juicio, el decreto de paralización ha invadido las competencias de las autonomías y en este conflicto tiene que pronunciarse el más alto tribunal. "Nuestras competencias son tan importantes como las de Cataluña o el País Vasco", indicó Peral.

Respecto al contencioso que ha abierto la Comunidad de Madrid con el Ejecutivo central por la paralización de la LOCE, Peral reiteró que su Gobierno acatará el pronunciamiento que le ha pedido al Consejo de Estado sobre la implantación de los itinerarios. Hasta entoncs, recordó que las instrucciones que dio días atrás su departamento a los colegios están en suspenso.

Por su parte, el consejero valenciano, Esteban González Pons, comentó que presentaban el recurso porque el decreto del Gobierno socialista representa un "ejercicio claro de desviación de poder" que causa "gran mal al sistema educativo".

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_