Camps promete 6.420 millones para integrar a los inmigrantes
Las asociaciones de inmigrantes exigen un presupuesto específico para que el plan no se convierta en "humo"
El consejero de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha presentado esta mañana ante los miembros del Foro Valenciano de la Inmigración y otras entidades sociales el nuevo plan proyectado por la Generalitat para favorecer la inmigración y la convivencia, dotado con 6.420 millones de euros hasta 2011.
Para el portavoz de la Red Sahel de apoyo a los inmigrantes en Valencia, Luis Poveda, si a este plan no se le dota de un presupuesto específico será finalmente "una mezcla de acciones" y lo presentado hoy se convertirá "en una venta de humo". En cuanto a los centros de acogida, Poveda ha criticado que los doce previstos en el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (PAVACE) "desaparezcan" del plan con el argumento de que pasarán a depender de las agencias de Atención al Inmigrante (Amics). Además, ha vuelto a reclamar que la tramitación de la tarjeta sanitaria (SIP) deje de advertir a los inmigrantes de que se les podrá reclamar los gastos originados por la atención recibida.
"Lo más consensuado posible"
El plan cuenta con 32 objetivos, 51 programas y 186 medidas y pretende diseñar acciones públicas que favorezcan la integración de las más de 732.000 personas de origen extranjero que residen en la Comunidad. A la reunión del Foro, la primera desde enero de 2006, han acudido los 24 de los 36 miembros que lo forman más una quincena de representantes de otras asociacones, ONG y entidades culturales relacionadas con inmigrantes.
Según Blasco, este proyecto se ha abierto al debate con el resto de actores del marco de la inmigración para que pueda ser lo más consensuado posible. El plan, tras recibir hoy el informe positivo del Foro, añadirá las sugerencias que hayan surgido para, tras el verano, remitirlo al Consell para su aprobación y, después, presentarlo ante Las Cortes.
Al final del encuentro, el portavoz de la Red Sahel ha reiterado ante Blasco sus críticas hacia el compromiso contemplado en la futura Ley autonómica de Integración, no tanto por sus objetivos, que asegura compartir, como el aprendizaje de la lengua y el conocimiento del sistema judicial, sino en el hecho de que tenga que ser firmado para poder acceder a esa formación regulada.
