La Fiscalía eleva de 39 a 124 años la petición de pena para Nanysex por trece abusos sexuales
Aumenta la solicitud de condena al considerar los delitos uno a uno y no de forma continuada
La Fiscalía de Madrid elevó ayer de 39 a 124 años de prisión la solicitud de condena para el presunto pederasta Álvaro I.G., alias Nanysex, al estimar que cada vejación a la que sometió a cinco de sus víctimas, de entre 1 y 3 años, debe ser contemplada como un delito de abuso sexual individual, en vez de continuado como señalaba en su acusación inicial.
Tras el visionado de los vídeos grabados y difundidos en Internet por los cuatro procesados, la fiscal ha pasado de acusar a Nanysex de ocho delitos continuados de abusos sexuales a imputarle trece, diez de ellos con acceso carnal (10 años de cárcel cada uno) y tres sin penetración (3 años de prisión), con la agravante de abuso de confianza. También se le imputan cinco delitos de corrupción de menores por grabar a los niños y difundir las imágenes por la Red, penados cada uno con 3 años de cárcel. En cuanto a la responsabilidad civil, la representante del Ministerio Fiscal ha reclamado que indemnice con 440.000 euros a sus víctimas.
En contra del criterio de las acusaciones, la miembro del Ministerio Público ha estimado que no hay pruebas que acrediten el uso de la fuerza para doblegar a los menores. En cambio, los abogados Manuel Maza y Jesús Garzón, que representa a la Fundación Sandra Palo, han considerado que al menos en cuatro ocasiones Nanysex se valió de la violencia para someter a los pequeños. Del mismo modo, el procesado José Gómez Cansino recurrió a la violencia en una ocasión al golpear a un pequeño en la cabeza, según reconoció la víctima durante el análisis psicológico al que fue sometida en 2005.
Asimismo, la fiscal ha elevado la pena de 24 a 80 años de cárcel para Gómez Cansino por ocho delitos de abusos sexuales, 10 años de cárcel por cada uno, con la agravante de abuso de confianza. Para Eduardo Sánchez Moragues ha pedido 16 años y medio frente a los 13 y medio que solicitaba inicialmente, mientras que para Antonio Olmos ha reducido la condena de 10 a 4 años de cárcel por un delito continuado de difusión de pornografía infantil.
En las conclusiones, Maza ha elevado su calificación inicial cambiando cuatro de los abusos sexuales imputados a Álvaro I.G. por agresiones sexuales, elevando la pena de 51 años de cárcel a más de 100 años de prisión. Por su parte, Garzón ha aumentado la pena para Nanysex de 65 a 110 años de prisión por el mismo motivo.
En la sexta jornada del juicio, la sala ha visionado los vídeos grabados por Álvaro I.G. y los otros tres acusados de formar parte de la red de pederastas liderada por el primero. Según los letrados de las acusaciones, las imágenes certifican que Nanysex usó la fuerza. "Los agarraba y a uno de los niños le tapó la boca", ha especificado Maza, que ha añadido que "los vídeos confirman que hay inmovilizaciones, forzamientos y movimientos bruscos realizados a los menores".
Los procesados evitan ver los vídeos de contenido pedófilo
Nanysex y sus discípulos han tenido que ver las brutales imágenes que grabaron a sus víctimas. Sin embargo, han desviado sus miradas para evitar contemplarlas. Hasta ahora, habían permanecido impasibles ante lo sucedido en las sesiones, a las que asistían con semblante frío. "Hoy, todos han agachado la cabeza. Álvaro trataba de dar la imagen de compungido, como si estuviera arrepentido", ha contado Maza.
Durante uno de los recesos, el abogado de José Gómez Cansino ha roto su silencio, tachando el proceso de "hostil y desagradable" para todos los que se sientan en la sala. "Los propios acusados son víctimas de sí mismos y deberán pagar por lo que han hecho", ha manifestado por su parte el abogado defensor de Nanysex, José Manuel Orbán, agregando que su deber es "luchar" para que su cliente sea "juzgado" por los hechos que se le imputan. El letrado ha manifestado que "se necesitan más medios para localizar a otros pederastas". "Éstos están ya en manos de la justicia, pero hay muchos otros que están en la calle. Los niños tienen el derecho a vivir en paz. Aquí se les ha extorsionado ese derecho", ha apostillado.
