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Gabilondo no descarta reformas legales si se acuerda en el pacto por la educación

El ministro de Educación asegura que la forma de dar mayor respaldo a los profesores requiere un amplio debate

El ministro de Educación, Angel Gabilondo, anunció hoy que se reunirá "en los próximos días" con todos los grupos parlamentarias para comenzar un "diálogo explícito" que lleve a un pacto de Estado por la Educación, y agregó que, si como resultado de esas conversaciones, se detecta la necesidad de realizar modificaciones normativas, se llevarán a cabo.

Gabilondo respondía así, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, al portavoz del PP en esta área, Juan Antonio Gómez Trinidad, quien acusó al ministro de haber anunciado hace casi medio año su voluntad de llegar a un pacto de Estado y todavía no ha hecho nada para conseguirlo.

El ministro señaló que "si de ese trabajo de evaluación" con los partidos y la comunidad educativa "se derivan modificaciones normativas, se propondrán y se harán". "No tenemos temor a hacer modificaciones normativas, pero como resultado de ese diálogo", insistió el ministro, quien más tarde apuntó que España necesita "más que nunca estabilidad normativa".

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El ministro se mostró de acuerdo con el PP en que "es el tiempo proceder" a alcanzar el pacto, para lo que pidió "corresponsabilidad" y que los dos grandes partidos dejen de "culparse, inculparse y exculparse". "Tenemos que trabajar en clave de país y no en clave partidista", enfatizó.

Así, pidió al PP que no ponga como condición previa para alcanzar el pacto que haya cambios legislativos o que comparezca el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un Pleno monográfico en el Congreso para hablar de educación. Sobre este último punto, Gabilondo explicó que el PSOE ha rechazado esta solicitud del PP porque, con el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado, a principios de octubre "no era el momento más oportuno".

Por su parte, Gómez Trinidad destacó que Gabilondo comenzó su mandato "abriendo la caja de Pandora con la esperanza de un pacto de estado educativo y ahora, que ya ha pasado medio año desde su nombramiento, tiene la responsabilidad de materializarlo". El representante popular no sabe si el ministro "está sinceramente por el pacto, pero lo que parece claro es que ni Moncloa ni Ferraz están por la labor", como lo demuestra que "el PSOE se negara ayer a la comparecencia de Zapatero en el Congreso".

Además, pidió al Gobierno que deje de "confundir a la opinión pública" porque en España "no ha habido vaivén legislativo" en materia educativa, ya que durante 25 años las únicas leyes que han estado en vigor son socialstas, porque cuando éstos llegaron al poder "se cargaron si ningún motivo la LOCE", aprobada por el Gobierno de José María Aznar.

También reclamó al ministro que aclare "si en el pacto estarán incluidas todas las comunidades autónomas, si está dispuesto a modificar en serio el modelo educativo, si está dispuesto a vertebrar el sistema educativo español y a hablar de libertades educativas".

Autoridad del profesor

El ministro también se ha mostrado dispuesto a fortalecer la autoridad de los profesores,

tal y como propone el PP, pero tras realizar un diagnóstico conjunto entre las fuerzas políticas y la comunidad educativa. Gabilondo ha hecho estas declaraciones en respuesta a la proposición del PP de otorgar consideración de autoridad pública a los profesores.

Según los populares, la pérdida de la autoridad del profesor es la causa del aumento de la violencia y de las agresiones en las aulas, por lo que ha defendido la necesidad de "devolver a los profesores la consideración social, la protección legal y la autoridad que merecen".

"Creo necesaria una profunda reflexión sobre algunos problemas detectados al respecto y me parece primordial reforzar la autoridad del profesor, pero hay que recapacitar entre todos sobre los pasos que debemos dar", ha asegurado el ministro. Gabilondo ha pedido al PP que no juegue a dividir y le ha invitado "a afrontar con seriedad el debate" social y jurídico, que supondría modificar la legislación. Para el ministro, es necesario analizar "lo que pasa en las aulas y fuera de ellas, y en las familias, porque no es problema sólo escolar", por lo que las medidas que se adopten "deben ser reflejo de un amplio consenso".

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