La Fiscalía investiga si la Generalitat incumple la ley para reducir la polución en Barcelona

El fiscal de Medio Ambiente de Cataluña, Antoni Pelegrín, ha iniciado diligencias para determinar si la Generalitat y los Ayuntamientos del área metropolitana de Barcelonacumplen con la obligación de mejorar la calidad del aire tal y como exige la normativa de la Unión Europea (UE).

El área barcelonesa excede los niveles legales de partículas contaminantes (PM10) desde que la norma entró en vigor en 2008, mientras que en 2010 incumplió también los niveles máximos permitidos de dióxido de nitrógeno (NO2) que entraron en vigor ese mismo año. Se trata de gases irritantes causados en su mayoría por el tráfico que pueden provocar enfermedades cardiorrespiratorias severas que la UE exige resolver para reducir la mortalidad causada por la polución, unas 3.500 muertes al año en la zona barcelonesa.

La investigación, que sigue las directrices del fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, determinará si las administraciones catalanas tratan de cumplir la ley o si incurren en un posible incumplimiento de sus obligaciones. En tal caso, avisa el fiscal coordinador, las administraciones afectadas podrían afrontar reclamaciones por parte de grupos de afectados o por iniciativa de la propia Fiscalía.

La Fiscalía, que en otras ciudades, como Madrid y Valencia, está llevando a cabo pesquisas sobre la contaminación, ha solicitado a la Generalitat datos sobre los niveles de contaminación de 2010 y del primer trimestre de 2011. El Gobierno catalán posee información sobre los datos de 2010 desde el pasado enero, pero no suele hacerla pública hasta mediados de año, en contra la transparencia que la UE exige a los gobiernos en la gestión de la polución.

El fiscal también reclama información "lo más detallada posible" sobre el cumplimiento de las 73 medidas que la Generalitat aprobó en 2007 para reducir la polución en 40 municipios del área metropolitana. La Generalitat afirma que ha aplicado la mayor parte de estos planes pero una de las medidas de mayor impacto, la limitación a 80 kilómetros por hora en los accesos a Barcelona, fue derogada por el Gobierno de CiU el mes pasado. La decisión del presidente catalán, Artur Mas, irritó a los expertos por considerar que fue una medida partidista que desatendió todos los criterios técnicos. Mas había convertido la supresión de ese límite en una promesa electoral y todavía no ha anunciado otras medidas compensatorias para mejorar la polución.

Un retraso de casi una década

El plan para reducir la contaminación que evaluará el fiscal se aprobó en julio de 2007, pero la Generalitat lo prorrogó en 2009 porque ni el plan se ejecutó en su totalidad ni logró los objetivos previstos. La Generalitat trabaja ahora en un nuevo plan para el horizonte 2011-2015, cuando la UE prevé restringir todavía más los niveles legales de polución en las ciudades.

La política comunitaria sobre la polución se fraguó a principios de 2000 y se concretó en 2005 tras varios años de ensayo. Los expertos admiten que la Generalitat actúa para mejorar los niveles pero con un retraso de cerca de una década y sin que por ahora haya aplicado medidas de calado. "No se empezó a actuar hasta que la ley de la UE empezó a ejecutarse. Otros países europeos realizaron esta labor a principios de 2000", ha ilustrado Xavier Querol, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y experto en polución atmosférica.