Una juez levanta el precinto de las Harleys de importación ordenado por la Guardia Civil
Un auto judicial ordena a la Guardia Civil que permita circular a las motos precintadas
Las Harleys de importación y de segunda mano ya pueden circular por España sin problemas. De momento. Cristina Galve Calvo, juez titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Clemente (Cuenca), ha firmado un auto por el que ordena que queden "sin efecto las medidas cautelares acordadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con las motocicletas [Harley Davidson]". La Guardia Civil había ordenado en marzo pasado el precinto de cientos de motos de importación de esta marca "al observar un incremento inusual de revisiones, previa matriculación en España de vehículos procedentes de Estados Unidos" en una determina ITV conquense. Algunas fuentes del sector calculan que en España circulan unas 5.000 Harleys de importación.
La juez explica en su auto que, tras recibir en su juzgado las diligencias policiales efectuadas por la Jefatura de la Agrupación de Tráfico, inició las investigaciones. En concreto, la Guardia Civil acusaba a una determinada ITV de Cuenca de "la posible comisión de un delito de falsedad en documento oficial, consistente en la falta a la verdad en el contenido de las tarjetas de inspección técnica". Es decir, los agentes sospechaban que las motos se traían de Estados Unidos y que, como no se podían legalizar directamente por tener unas características técnicas distintas a las europeas, la ITV conquense las legalizaba en bloque.
Pero ahora la juez ha determinado que si ese delito hubiese existido, algo que no se ha probado, ninguna de las personas implicadas tenía la condición de "autoridad o funcionario público", por lo que no existe "falsedad ideológica". Es decir, como mucho lo denunciado podría ser una "infracción administrativa" y no "un ilícito penal". Por esta razón, señala la titular del juzgado, "procede el sobreseimiento provisional y archivo de la causa", así como "el cese de las medidas cautelares acordadas [el precinto de las motos".
La juez, no obstante, permite que las partes recurran y si en el plazo de cinco días no lo hacen, la resolución será firme.
