Entra en vigor la ley de Internet que regula las actividades económicas electrónicas

Enviar un mensaje de móvil a un concurso de televisión; leer esta noticia o cualquier otra de un periódico digital; conectar a Internet un ordenador o bajarse un vídeo de un sitio web erótico son algunas de las actividades que a partir de ahora están sometidas a nuevas reglas, tras entrar en vigor hoy la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI).

El objetivo de la LSSI es regular las actividades en Internet o en otros medios electrónicos que impliquen un intercambio económico, es decir, que tengan como objeto ganar dinero. Según el Gobierno, la ley beneficia al usuario y a la empresa, pues pone los instrumentos jurídicos para santificar sus relaciones digitales y colocarlas al mismo nivel que cualquiera tradicional; y, además, no afecta a la libertad de expresión.

Sin embargo, la oposición y varios grupos de internautas no están muy de acuerdo con esta última afirmación, y aseguran que la LSSI tiene como objeto controlar Internet, pese a que la ex ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, impulsora del proyecto hasta su salida del Ejecutivo el pasado verano, afirmó que sólo un juez podrá cerrar un medio de comunicación electrónico (una página, una revista, un fancine…).

Servicios ilegales que se pueden interrumpir

Lo cierto es que la LSSI prevé que los "órganos competentes" puedan interrumpir cualquier servicio que atente contra determinados principios, que según la ley son:

- La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.

- La protección de la salud pública o de las personas físicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores.

- El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social.

- La protección de la juventud y de la infancia.

Ambigüedad y falta de transparencia

Durante su tramitación en el Congreso, la oposición criticó la "falta de transparencia" y la "chapuza" del proceso, así como el recorte de libertades que supone y su ambigüedad a la hora de determinar quién y con qué razones puede cerrar una página en Internet.

En su contra tuvo también a varias asociaciones de internautas y portales, algunos de los cuales, como la revista Kriptópolis, el foro Bandaancha o la página de las Juventudes Socialistas, han decidido cerrar en protesta por la entrada en vigor de la ley, o en prevención por ésta.

En cualquier caso, y pese a sus detractores, la LSSI, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 8 de febrero, pasó el trámite parlamentario en junio y ha entrado en vigor hoy, aunque algunas de sus medidas, como la obligación de los proveedores de servicios a guardar los datos de sus usuarios durante varios meses por si les fueran requeridos, no serán obligatorias hasta que sean desarrolladas mediante reglamentos.