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Las discográficas de EE UU lanzan una cuarta oleada de demandas por piratería

La RIAA ha diseñado una estrategia que le lleva a presentar unas 530 demandas mensuales contra quienes se descargan música de forma irregular por Internet

La industria discográfica estadounidense reafirma su decisión de luchar contra la piratería desde los juzgados y para ello parece haber diseñado una estrategia que le lleva a presentar unas 530 demandas mensuales contra quienes se descargan música de forma irregular por Internet. Ayer martes 532 envió citaciones; lo mismo que había hecho los pasados enero (532 demandas) y febrero (531).

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Lo más singular de esta situación es el hecho de que la Asociación Estadounidense de la Industria Discográfica (RIAA por sus siglas en inglés) sólo dispone de las direcciones IP (una especie de DNI que identifica a cada ordenador en Internet) de las personas que se han bajado música de la Red. Los servidores no tienen ninguna obligación de facilitar las identidades de quiénes usan dicha conexión, de acuerdo con una sentencia de un tribunal federal. Así, las demandas se tramitan conforme a una posibilidad contemplada en el ordenamiento jurídico estadounidense (el llamado procedimiento Juan Nadie) que permite demandar a un sujeto no identificado. Luego tendrá que ser el juzgado correspondiente quien realice las diligencias oportunas para identificar al demandado y obligar así a revelar sus identidades.

De los demandados, 89 utilizaron redes universitarias, entre las que figuran algunos de los centros más prestigiosos del país como la Universidad de New York, Stanford, Georgetown y Vanderbilt. Las 443 restantes se dirigen contra personas que se conectaron a servicios de intercambio de archivos mediante servicios comerciales de acceso a la Internet en los estados de California, Colorado, Missouri, Texas y Virginia.

Con esta nueva oleada de citaciones, la RIAA ha presentado ya 1.977 demandas por piratería musical desde septiembre del año pasado. En 408 casos se ha llegado a un acuerdo extrajudicial con el pago de una indemnización de unos 3.000 dólares cada uno.

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