El Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) está conduciendo el patrimonio de la localidad a una situación límite, ya que además de respaldar la demolición de inmuebles de interés arquitectónico, algunos de ellos incluidos en la Carta Arqueológica Municipal realizada por encargo expreso de la Junta de Comunidades, incumple su obligación legal de intervenir en defensa del patrimonio catalogado por el propio Consistorio, como ocurre con la llamada Casa de Josito (sg. XVIII), la Fábrica de Harinas (sg. XIX) o el Molino Grande (sg. XVIII), el último molino hidráulico que queda en el término municipal.

El caso más escandaloso de la actitud permisiva del Ayuntamiento frente al expolio patrimonial que sufre el pueblo es el de la Casa de Josito, que ha sido expoliada sin sanción de ningún tipo, pese a ser un edificio protegido y catalogado, que está situado, además, al lado del propio Ayuntamiento (donde se encuentran las dependencias de la Policía Local) y dentro del entorno protegido de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (sgs. XIV-XV), Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1991.

La Casa de Josito fue expoliada en su interior para acelerar su ruina entre finales de 2004 y principios de 2005 sin que, desde entonces, el Ayuntamiento haya sancionado al responsable ni intervenido para asegurar su conservación, en contra de lo dictado por la Ley del Patrimonio histórico Español y la Ley del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. Lejos de ello, el Gobierno municipal, que preside Miguel Ángel Pozas desde 1983, acordó por unanimidad el 17 de mayo de 2005, informar favorablemente el derribo de la Casa de Josito y el proyecto de nueva construcción presentado por el propietario, aunque la presión de asociaciones de defensa del patrimonio como Restaura Manzanares y, más recientemente, Hispania Nostra han impedido, hasta el momento, que la Casa de Josito sea pasto de la piqueta mientras, no obstante, se sigue deteriorando progresivamente.

De todos modos, si nadie lo impide la Casa de Josito pasará a engrosar en breve la larga nómina de derribos de edificios históricos de Manzanares gracias a la insensibilidad del Ayuntamiento, que gobierna Miguel Ángel Pozas, a la incuria de la Comisión Provincial de Patrimonio, que preside Ángel López, y a la irresponsabilidad de la Dirección General de Patrimonio de Castilla-La Mancha, que encabeza Enrique Lorente.