Hace ya cinco años que varias familias de Camargo, en Cantabria, vimos cómo nuestras viviendas se agrietaban a causa de los llamados soplaos (hundimientos del terreno). El Ayuntamiento solicitó a la Confederación en 2002 licencia de extracción de agua subterránea para abastecimiento municipal, y esta fue otorgada en 2003, obviando en ambos casos los informes existentes del Ministerio de Obras Públicas, que recomendaban en los años ochenta el cese de las extracciones y, en todo caso, alejar los pozos del núcleo urbano - también entonces varias casas se habían agrietado al extraer agua de pozos del Ayuntamiento. A los pocos días de otorgada la licencia comenzaron a agrietarse las primeras viviendas. El Ayuntamiento no le comunicó a la Confederación el problema hasta 2006, casi tres años después. Se habían multiplicado las construcciones afectadas. Se produjeron los primeros desalojos. Tras la realización de diversos estudios, la Confederación ha restringido casi a cero en la práctica la utilización de los pozos de agua subterránea del Ayuntamiento. Si la solución al problema de los soplaos pasa por drásticas restricciones en las extracciones ¿a quién le puede caber duda de que estas hayan desencadenado los hundimientos y, por lo tanto, las grietas? Las Administraciones implicadas, sin embargo, no asumen su responsabilidad en los daños, por lo cual algunos afectados hemos planteado una demanda en la Audiencia Nacional, tras muchos intentos fallidos para no tener que llegar a ello. Si dejamos que ahora se dé carpetazo sin establecer la relación de causalidad entre extracciones y hundimientos podría repetirse todo el proceso dentro de unos años. En los ochenta no se hicieron bien las cosas, no se depuraron causas ni responsabilidades, y por eso nos encontramos en estos momentos en la misma situación. Si ahora se hiciera igual, nadie puede garantizarnos que alguien no decida abrir los pozos de nuevo. Esta vez no vamos a consentir que la historia vuelva a repetirse.