El General Pervez Musharraf ha hecho realidad los peores pronósticos declarando el estado de emergencia en Pakistán. Cuando parecía que el Ejército se veía forzado, muy a su pesar, a pasar a un segundo plano en la dirección del país, los generales y sus aliados han demostrado que recurrirán a todo con tal de no perder las prerrogativas que llevan disfrutando desde la fundación del país hace sesenta años. Con lógica castrense, los primeros en comprobar los efectos de la ley marcial han sido los dos principales enemigos de Musharraf en los últimos meses: el presidente del Tribunal Supremo y los medios de comunicación privados. El primero ha sido destituido mientras a los segundos les han quitado de antena. Islamabad y sus gentes no parecen inmutarse. La ciudad sigue tan sosa como siempre. En la calle no se percibe tensión. El ejército se mantiene acuartelado, salvo los miles de soldados que luchan una guerra abierta en Swat, a doscientos kilómetros de la capital. Policías antidistrurbios cortan los accesos al Tribunal Supremo y los edificios gubernamentales. Los transeúntes y curiosos miran incrédulos a los policías, despreocupados y ya plenamente acostumbrados a ser desplegados para mantener el orden. Orden que no se ha visto interrumpido por manifestaciones o protestas, aunque Islamabad la burócrata no es buen termómetro para medir la temperatura política del país. Habrá que ver la reacción de la gente y de los militantes políticos en Karachi y Lahore los próximos días, aunque cunde le sensación de que la población está apática y resignada. Musharraf ha hablado en la tele, sin uniforme, y ha defendido el nuevo orden constitucional provisional como la mejor manera de combatir el extremismo que amenaza la existencia nacional, esa coartada tan trillada. Al término de su alocución ha sonado el himno, seguido de una canción patriótica. Mal momento para hacer patria. Es el fin de la democracia controlada de Musharraf. El General finalmente ha enseñado sus cartas.