"Gran frustración" de familiares y dependientes
Los familiares y dependientes agrupados en la plataforma en defensa de la ley pusieron ayer de manifiesto su "gran frustración" por la aplicación que la norma está teniendo en la Comunidad Valenciana. En un acto celebrado en Valencia, censuraron el boicot que responsables políticos" como el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el ex responsable de Bienestar Social, Juan Cotino, y la actual consejera del departamento, Angélica Such, aplican a esta norma "en detrimento de los derechos de los dependientes y sus familias".
Esta asociación, integrada por entidades de todo el territorio, planteó ayer un decálogo de medidas detinado a mejorar la gestión de las ayudas. Entre las propuestas se encuentra eliminar la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales SA (Avapsa), la empresa creada por la Generalitat para gestionar la dependencia "que ha demostrado su incompetencia" en esta labor.
La plataforma plantea que el decreto que entró en vigor en marzo para agilizar la tramitación de las prestaciones "ha ralentizado más las resoluciones" por lo que pide sustituir la documentación "innecesaria y repetitiva" por un modelo de gestión informatizado en el que no se tuviera que presentar constantemente documentación y datos, especialmente aquellos que ya obran en poder de la Administración. También reclaman crear servicios de atención a la dependencia públicos (y potenciarlos frente a las prestaciones económicas) así como eliminar las "rigideces" de las incompatibilidades entre prestaciones, entre otras cuestiones.
La Plataforma anunció que premiará a Emilia Caballero, adjunta al Síndic de Greuges, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en la figura de su presidente, José Manuel Ramírez, y al Colegio de Abogados de Alicante por sus esfuerzos en la aplicación de la ley. También concedió "diplomas de malas prácticas" a Cotino y Such.
