Agusanado por la cleptomanía
Suelen alegar los aguerridos devotos del PP que por mucho que arrecien las invectivas contra el partido, debido a las imputaciones y escándalos que le afligen por estos pagos, no hay todavía ninguna sentencia firme y ni siquiera uno solo de los altos personajes empapelados en estos momentos ha ocupado el banquillo, lo que es muy cierto, aunque dudamos que resulte tranquilizador para los involucrados. Lo que sin duda hay es un muestrario amplio de figuras delictivas que se pueden englobar bajo el epígrafe de la chacinería política más habitual, como son el cohecho, el tráfico de influencias, la prevaricación, el encubrimiento, la revelación de secretos y etcétera que se reparten entre un plantel selecto de presuntos y sospechosos encabezados por el mismísimo presidente de la Generalitat.
Obviaremos su mención personal en gracia a la brevedad, pero sí anotaremos que la aludida nómina de implicados se distribuye casi equitativamente a lo largo del país valenciano, cumpliendo así uno de los preceptos más caros para todo partido autonómico que se precie, cual es el del equilibrio territorial: ninguna provincia ha de resultar discriminada tanto en la salud como en la desgracia y hétenos aquí que tanto el PP de Valencia como los de Castellón y Alicante, mediante sus conspicuos dirigentes, han dado casi en igual medida pábulo a la acción de los jueces y de la Fiscalía Anticorrupción. Chocante sintonía en esta suerte de allegro delictivo que ameniza la actualidad política doméstica, deformada en mero sarcasmo si recordamos que el ex presidente balear, Jaume Matas, un calificado predador de los dineros públicos, es embajador honorario de la Comunidad Valenciana por deferencia de sus cofrades de la Generalitat. Harina del mismo costal.
No hay por ahora fallos condenatorios, decíamos -o nos decían-, pero hay que estar ciego o ser ceporro para no percibir la galerna judicial que se cierne sobre el PP de Francisco Camps y que nos augura un otoño político convulso, ineluctablemente electoral. Con o sin sentencias, sería prodigioso que los populares saliesen indemnes de este chapapote delictivo en el que andan enfangados antes de que seamos convocados a las urnas. Cierto es que algún juez en alguna ocasión puede abocarnos al límite del estupor mediante sus resoluciones amistosas o extravagantes, y nunca hay que desdeñar ese siniestro. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, se requeriría toda una orla de juzgadores venales o necios para exonerar a los populares de los delitos que se les imputan, que en buena parte están además en puertas de la vista oral, y por los que el partido del Gobierno ya está penando en forma de descrédito entre sectores de su misma clientela conservadora, pero no obtusa. Se dan casos.
Como guinda chusca e ilustrativa de esta cleptomanía que agusana al PP merece reseñarse la colisión pública acaecida estos días entre la alcaldesa popular de Villena y una concejal de su cuerda porque esta se afanó dos tortillas de patata de un ágape municipal. Las hay que arrasan con todo. Un incidente que quizá no hubiera acontecido si la Diputación de Alicante, en vez de patrocinar estudios sobre la previsión de la delincuencia juvenil -tal como ha hecho y es muy loable- hubiese condensado sus recursos en investigar la pulsión por la rapiña que se ha desarrollado en el seno del partido mayoritario que gobierna esta autonomía y la citada corporación. Ahora el único remedio que cabe es el correctivo penal.
