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El TSJ valida la gestión privada del hospital de Alzira por la vía de la concesión administrativa

El Tribuenal Superio de Justicia (TSJ) considera que las leyes estatales sobre nuevas formas de gestión del Insalud y del Sistema Nacional de Salud permiten a la empresa privada Adeslas la gestión sanitaria del hospital de La Ribera en Alzira por medio de una concesión administrativa. En una sentencia ante un recurso presentado por CCOO, el TSJ recuerda que la Constitución no impone un modelo de gestión y prestación de la asistencia sanitaria y señala que el legislador puede optar por el modelo privado, público o mixto siempre que garantize la asistencia.

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Un modelo rodeado de polémica

El sindicato CCOO consideró que la vía de la concesión administrativa para la gestión de un centro sanitario no se ajusta a la ley por lo que interpuso un recurso ante los tribunales contra la fórmula empleada por la Generalitat para otorgar a la empresa Adeslas la gestión del Hospital de La Ribera en Alzira. No obstante, según el TSJ tanto el Real Decreto Ley 10/1996 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Insalud como la Ley 15/1997 que habilita nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, "permiten tanto la gestión directa en la prestación del servicio de salud como la gestión indirecta y, dentro de esta última, la prestación del servicio sanitario a través de una empresa privada concesionaria". El TSJ señala además que la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas admite de modo general la forma de gestión indirecta de los servicios públicos. De la misma manera entiende que el real Decreto 10/1996 permite acuerdos o convenios con personas o entidades, públicas o privadas "lo que significa abrir las puertas a las formas de gestión indirectas entre ellas la concesión administrativa". Los jueces señalan que la Ley 15/1997 aún precisa más este aspecto cuando dice que "la prestación de servicios sanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas en los términos previstos en la Ley General de Sanidad".

El tribunal matiza que dicha legislación referida al Insalud así como al Servicio Nacional de Salud puede adoptarse por la Generalitat sin perjuicio de la normativa que las comunidades autónomas puedan establecer en el ámbito de sus respectivas competencias. En contra de lo argumentado por CCOO, el tribunal considera que con la concesión administrativa "no se ha producido la privatización de la prestación del servicio sanitario". Por otra parte la sentencia recuerda que la empresa adjudicataria debe someterse a las mismas inspecciones y controles por parte de las Administraciones Públicas que cualquier centro público.

Otra de las tesis de CCOO que rebate el TSJ es la de que con el traslado de personal médico de la sanidad pública al hospital de la Ribera se haya producido "una cesión ilegal de mano de obra" a la empresa adjudicataria, es decir Adeslas, "como medio de producción y lucro de la misma". Según los magistrados, dicha afirmación del sindicato debe rechazarse ya que con el traspaso del personal al hospital de La Ribera "no se ha producido ni modificación del régimen jurídico del personal estatutario ni merma de alguna en sus derechos". Según el tribunal, "seguir la tesis de la parte demandante sería tanto como afirmar que la Guardía Civil cuando vigila el tráfico en una autopista de peaje esta prestando un servicio a la empresa concesionaria de la autopista cuyo fin es el lucro".

A partir de la doctrina del Tribunal Constitucional el TSJ establece que "el carácter público del sistema no queda cuestionado por la incidencia en él de fórmulas de gestión o responsabilidad privada".

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El TSJ concluye que el hospital de La Ribera respeta íntegramente los derechos del personal sanitario de la Consejería de Sanidad y en definitiva las prestaciones sanitarias de los ciudadanos.

La Consejería de Sanidad celebró la sentencia porque considera que avala el modelo sanitario impulsado por la Generalitat. Serafín Castellano comentó: "Al ciudadano no le preocupa el modelo de gestión, sino que lo que quiere es estar bien atendido, tener un hospital cerca de su domicilio y que la atención sea gratuita y universal".

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