Chapapote preelectoral

Las playas de El Saler se llenarán de chapapote, la pesca desaparecerá y el turismo sufrirá daños irreparables por unas torres petrolíferas que se verán desde Burriana a Xàbia. Este es el sombrío futuro que auguran a los valencianos la Generalitat y el PP desde que el pasado diciembre el Gobierno aprobó los permisos para buscar petróleo o gas en el litoral. Un "crimen" y "ataque frontal" contra la Comunidad Valenciana que se ha unido a la lista de agravios que esgrimen los populares contra el Gobierno socialista. Esta vez, en coincidencia con el PSPV-PSOE y varios de sus alcaldes, entre ellos el de Gandia, que también han manifestado su oposición, menos estridente, a la prospección de hidrocarburos en el Golfo de Valencia. Y todo ello, a poco más de cuatro meses de las elecciones autonómicas y municipales, lo que amplifica el debate.

Los permisos son un "crimen" contra los valencianos, según los populares

Los ecologistas advierten de "graves" daños a la fauna marina

El área en la que la empresa británica Cairn Energy podrá realizar exploraciones abarca 396.900 hectáreas (un tercio de la provincia de Valencia) que se extienden mar adentro desde una franja que en su punto más cercano a la costa se sitúa a unos seis kilómetros del faro de Cullera. En las declaraciones de dirigentes del PP y del Consell ya se da casi por hecho que habrá plataformas petrolíferas en los puntos más cercanos al litoral, que se dañará L'Albufera y que las torres podrán asentarse sobre valiosas praderas de posidonia. El consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, ya ha decidido que "toda la costa resultará gravemente afectada por las prospecciones", que el impacto alcanzará a 27 municipios... Y adiós a 37 banderas azules.

Una prospección de hidrocarburos en el mar causa un impacto ambiental innegable, que puede incluso ser grave, pero los expertos coinciden en que es prematuro concretar su alcance. "Es evidente el riesgo de impactos durante los trabajos de prospección, pero dependerá de la localización del área de sondeos. Se habla de áreas extensas pero no se conocen exactamente las zonas de trabajo", apunta José Serra, catedrático de Puertos y Costas de la Politécnica de Valencia.

Cairn Energy está a la espera de confirmación oficial de los permisos y asegura que facilitará información más adelante. La autorización del Ministerio de Industria es válida para seis años. Los estudios para hallar petróleo "son largos, dado que primero hay que localizar los potenciales yacimientos y, por supuesto, costosos", explica Serra.

La prospección geofísica no exige la colocación de plataformas, ya que la búsqueda se realiza desde grandes barcos. En los años cincuenta se lanzaban cartuchos de dinamita al agua para provocar ondas acústicas que alcanzan el subsuelo y rebotan luego hacia la superficie, donde se recogen como ecos que permiten definir las capas que componen el fondo marino. El método en sí no ha cambiado, pero hoy se usan cañones de aire comprimido para provocar las ondas; se recoge su reflejo en hidrófonos alineados en cables kilométricos que arrastra el barco y se interpretan los datos en imágenes 3D.

Las exploraciones no dejan rastro físico, pero sí en la fauna marina. Ecologistas en Acción denuncia que tras este tipo de prospecciones se han observado "cambios de comportamiento en los peces, lesiones en la vejiga natatoria, en ojos y oído", entre otros daños "graves", señala su portavoz en Alicante, Carlos Arribas. El ruido afecta especialmente a los mamíferos marinos como los delfines, y tiene repercusiones sobre la pesca. En un primer momento, las capturas aumentan porque "los peces están aturdidos", señala un investigador. Sin embargo, las ondas pueden afectar a zonas de desove y disminuir la población de peces en áreas concretas a más largo plazo. Y eso preocupa a los pescadores valencianos.

Existen, no obstante, medidas para reducir el impacto de estos rastreos, como la observación de la zona de búsqueda para descartar la presencia de cetáceos. En ese sentido, Industria recalca que el permiso de investigación "no es una concesión de explotación" de petróleo, y "todo trabajo que quiera realizarse a partir de ahora requerirá una nueva autorización y deberá someterse a la Ley de Evaluación Ambiental" y a las "medidas de protección que sean necesarias". Tanto en el caso de la prospección como la exploración de un potencial yacimiento, que implicaría una perforación y otra evaluación porque en esa fase se añaden más riesgos, como el de los vertidos.

Industria entiende que se ha desatado una campaña por intereses partidistas, e insiste en que la prospección de hidrocarburos es "obligada para un país que, como España, depende casi totalmente de gas y petróleo importados, concretamente en un 99,5%". Así debió de entenderlo el PP cuando gobernó, ya que dio 43 permisos, frente a los ocho de los socialistas, según destacó esta semana la delegada del Gobierno, Ana Botella, en defensa de unas prospecciones que el PSPV-PSOE rechaza.

Entre esos permisos están los tres de 2002 que bordeaban las Islas Columbretes, reserva marina protegida, sin que el Consell alzara la voz. British Gas llegó a perforar un pozo al norte de estas islas antes de abandonar el proyecto en 2006. Aquellas áreas de investigación estaban tan cerca de la costa de Castellón como las de ahora del faro de Cullera, donde el PP ya visualiza torres petrolíferas. No hubo reacción de la Generalitat, como tampoco en 2009, cuando se aprobó otro permiso vigente en el interior de Alicante.