RTVV anuncia un ERE que puede echar al 66% de sus 1.800 empleados
Los sindicatos se niegan a pagar los platos rotos de la "nefasta gestión"
Tras semanas de especulaciones, Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) anunció ayer que recurrirá a un expediente de regulación de empleo (ERE) para adelgazar en los próximos meses su abultada plantilla de 1.800 trabajadores. La medida, según fuentes del Gobierno valenciano, podría afectar a casi dos terceras partes de los trabajadores, es decir, a más de un millar de empleados de Canal 9, Ràdio 9 y el ente RTVV.
El presidente valenciano, Alberto Fabra, justificó la decisión por la necesidad de "tener un modelo de televisión que esté ajustado al momento actual". Es decir, el Gobierno valenciano, inmerso en una grave crisis financiera, ya no está en disposición de sostener una empresa pública que ha generado una deuda de 1.200 millones de euros y unos índices de audiencia inferiores al 5% en Canal 9.
Jaraba nunca ha mostrado el informe encargado a Price Waterhouse
El secretario general del ente RTVV, Juan Prefaci, convocó ayer a las 13.00 a los sindicatos del comité de empresa para anunciarles la presentación de un ERE, aunque negó que la cifra vaya a superar el millar de trabajadores, según indicaron fuentes de CC OO.
El PP convocó de urgencia una reunión del consejo de administración de RTVV para el próximo miércoles. Los populares, que disponen de mayoría absoluta gracias al voto del director general del ente, pretenden aprobar un concurso para contratar a una empresa que asesorará a los responsables de RTVV en la negociación del ERE con los sindicatos. La contratación de la firma que diseñará el ERE saldrá a concurso por un importe de 190.000 euros sin IVA. La tramitación legal del concurso llevará un mínimo de seis semanas, por lo que no se sabrá qué empresa conduce el ERE, como mínimo, hasta finales de febrero.
En el año 2010 el consejo de administración de Ràdio Televisió Valenciana ya encargó un estudio a Price Waterhouse para determinar la viabilidad de la empresa. Un estudio que al parecer ya apuntaba la necesidad de realizar una reestructuración de la plantilla, aunque el director general de RTVV, José López Jaraba, nunca ha facilitado el contenido del mismo. El informe costó 180.000 euros y aunque sobre el papel era un estudio que encargaba el consejo de administración, los miembros nombrados a propuesta de la oposición nunca pudieron acceder ni al texto ni a un resumen del mismo. López Jaraba siempre ha argumentado que se trata de una herramienta interna de trabajo de la dirección de la televisión pública. Ni siquiera los parlamentarios de la oposición en las Cortes valencianas han logrado conocer su contenido, a pesar de que han argumentado que es un documento que se paga con dinero público y que tiene que obligatoriamente tiene que estar a su disposición.
Ignacio Ángel, representante de CC OO en Canal 9, argumentó que las propias auditorías de la Generalitat ponen de manifiesto la "nefasta gestión realizada" y se opondrán a que los trabajadores paguen los platos rotos sin que "nadie en el actual equipo directivo se haga responsable".
Desde los partidos de la oposición, las reacciones de repulsa al ERE fueron unánimes. El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, acusó a Fabra de carecer de cualquier voluntad de pacto sobre el futuro de Canal 9. El Gobierno valenciano ha presentado en el Parlamento un proyecto de ley, con el que pretende aplicar a RTVV un contrato programa una vez realizada la reestructuración, tras negar a la oposición toda clase de documentación.
El consejero de Compromís en RTVV, Rafa Xambó, anunció que votará en contra de que se contrate a un liquidador. "No es solo la pretensión, sino las formas. Llevan tiempo preparando el contrato y el nuevo presidente del consejo de administración, Miguel Domínguez, que no tenía ni idea, ahora convoca una reunión de urgencia".
Se busca 'liquidador'
El pliego de condiciones del concurso que RTVV quiere que su consejo de administración licite, más que buscar una empresa que diseñe el ajuste de la plantilla de la televisión pública, parece que pretenda contratar a un liquidador, una suerte de George Clooney (aunque seguro que con menos estilo) en la película de Jason Reitman Up in the air (2009). El contrato persigue la contratación de una empresa que lo mismo asesore en "la estrategia que se debe seguir para afrontar la adaptación del nuevo modelo organizativo y de gestión", que prepare "el modelo general de carta de despido objetivo". La tramitación legal del concurso llevará, como mínimo seis semanas, por lo que hasta finales de febrero no se podrá adjudicar el concurso. Pero es que, además, el concurso no contempla ningún plazo de entrega de ningún informe, como se dijo ayer a los sindicatos, sino que el servicio es de "contratación de un servicio de asesoramiento jurídico (...) para la preparación, negociación y ejecución de las medidas laborales necesarias para garantizar la viabilidad" de RTVV. La firma contratada hará el cálculo de las indemnizaciones de algunos empleados, determinará las prestaciones a garantizar durante el periodo de prejubilación para otros, se encargará del "contrato seguro" que garantice esas prestaciones, redactará las actas de reunión con los representantes de los trabajadores, estará en las negociaciones, también en la presentación de la documentación ante la autoridad laboral... Y finalmente, asistirá en la ejecución de los despidos colectivos. Es decir, un liquidador.
