El juez retoma la investigación de la trama Brugal
El juez vuelve a interrogar a los detenidos en 2007 por la trama de la basura
El empresario Ángel Fenoll, cabecilla del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante) vuelve está mañana a declarar ante el juez instructor por tercera vez desde el comienzo de la investigación, en marzo de 2007. El magistrado interrogará a Fenoll, industrial afín al PP, por el supuesto amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela.
En días sucesivos el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, interrogará a otros seis acusados más en el sumario general, entre ellos el gerente de las empresas de Fenoll, Javier Bru, que es concejal del PP en Albatera. Y tomará declaración por segunda vez a Jesús Ferrández, exconcejal del Centro Liberal de Orihuela, primer imputado en esta causa.
El industrial y su clan fueron arrestados por cohecho y extorsión
El magistrado tomará declaración al gerente de Fenoll, un edil PP
San Martín retoma de esta manera la instrucción de esta causa, cuando aún tiene pendiente el envío de parte de las diligencias a los jueces que han asumido piezas separadas del sumario. La causa de mayor relevancia en ese apartado es la que indaga el trato de favor al empresario Enrique Ortiz en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.
Esta nueva tanda de interrogatorios a los primeros implicados en el caso Brugal afecta a los seis arrestados a raíz de la primera operación policial que se desarrolló en mayo de 2007 y al exedil Ferrández. En esa fecha, la policía detuvo a Fenoll y su clan familiar (entre ellos su hijo y un hermano) al gerente de su grupo empresarial, recién electo edil del PP de Albatera, y a un detective privado, contratado por el empresario para grabar reuniones con otros colegas y cargos públicos de La Vega Baja.
El juez imputó a estos detenidos los supuestos delitos de cohecho, extorsión y tráfico de influencias. Tras interrogarles, envió a prisión a Fenoll, su hijo y el concejal Bru. Tras un mes en la cárcel, quedaron en libertad provisional previo pago de fianzas de entre 60.000 y 100.000 euros.
Bru ha sido citado para el día 14 de febrero. El primer imputado, el exedil Jesús Fernández, tendrá que comparecer el 28 de febrero. Una conversación entre Fenoll y Ferrández, grabada en DVD por iniciativa del primero, fue el detonante del caso Brugal. La entrevista se produjo en vísperas de la adjudicación de la contrata de la basura del Orihuela, en la primavera de 2006. El entonces concejal confesó al empresario que la firma Urbaser estaba dispuesta a ofrecer alrededor de medio millón de euros a ediles a cambio de la contrata de basura. Al concurso aspiraba Fenoll. Apenas tener conocimiento de que no iba a ser el adjudicatario, Fenoll puso la grabación en manos del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.
En la operación policial de mayo de 2007, los agentes intervinieron abundante material audiovisual en las oficinas y el domicilio de Fenoll. Esas cintas, más las escuchas telefónicas practicadas durante tres años, desembocaron el 6 de julio de 2010 en la segunda operación policial del caso Brugal. Entonces la policía practicó 11 arrestos, entre ellos, los otros dos muñidores, según la investigación, de la trama, el líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y el contratista Enrique Ortiz. El juez imputa al político cinco delitos, entre ellos, un supuesto cohecho de dos pisos o su equivalente en metálico (un millón de euros) por parte de Ortiz y Fenoll a cambio de la contrata de la basura del plan zonal de La Vega Baja.
Trato de favor en vía muerta
Fruto de las escuchas telefónicas, el sumario del caso Brugal engordó hasta los 20.000 folios, repartidos en 40 tomos. El juez ha desglosado la causa general en hasta una veintena de piezas y se ha inhibido de algunas de ellas por motivos de competencia territorial. La más destacada en ese capítulo es la que investiga irregularidades en el PGOU de Alicante. En esta causa, el fiscal acusa a 21 personas, entre otros, a los alcaldes del PP de la ciudad, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, y al promotor Ortiz.
El ministerio público acusa a estos implicados de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso prohibido de información privilegiada.
No obstante, el juez en el que recayó esta pieza, Manrique Tejada, titular del número 5 de Alicante, no ha practicado ninguna diligencia siete meses después de asumir la competencia y mantiene secretas las diligencias.
El magistrado espera sin éxito desde julio pasado que el instructor general, el magistrado Carlos San Martín, le remita todas las diligencias que afectan a esa pieza. El juez asegura que no iniciará la instrucción hasta que no disponga de toda la documentación en su oficina judicial.
Junto a esta pieza que investiga el supuesto trato de favor a Ortiz en el trámite del PGOU de Alicante, otra causa de relevancia desgajada del sumario general es la que indaga irregularidades en adjudicaciones de contratos de la Diputación de Alicante a la Fundación Hércules CF. Esta causa la instruye el titular del juzgado número 4 de Alicante. Este magistrado ha optado por retomar las diligencias con la imputación formal de los inicialmente acusados por el fiscal y la policía.
El juez ha imputado a cuatro personas. Las dos más relevantes son el diputado provincial del PP Carlos Mazón y el empresario Rafael Gregori. Mazón es en la actualidad director general de la Cámara de Comercio de Alicante. Mientras, Gregori está considerado por la investigación como el intermediario clave entre los protagonistas de la trama corrupta, a saber: el líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Ortiz y Fenoll.
