Educación debe a los libreros 10 millones por los textos escolares
El colectivo alerta de que el retraso obligará a cerrar los negocios
Los libreros gallegos temen la quiebra del sector, el cierre de sus pequeños y escasamente rentables negocios. Entrado ya octubre, la Consellería de Educación no les ha pagado el dinero de los libros de texto que el Gobierno gallego destina a las familias con escasos recursos: más de 10 millones de euros (9,6 correspondientes al programa de gratuidad solidaria y 1,5 al plurilingüe, de libros que han cambiado de idioma). El dinero lo han adelantado ellos, pero ya avisan de que el sector se resiente.
"No vendemos patatas, esto es otra cosa", explicaba ayer contrariado por la demora en el pago de la Xunta Xurxo Patiño, presidente de la Federación de Libreros de Galicia (Felg). Patiño destaca la "singularidad" y "estrategia" del negocio de la venta de libros y alerta de que, de momento, son estos pequeños empresarios, y no la Administración, quienes están "financiando a las familias más necesitadas".
"Somos nosotros quienes estamos financiado a las familias"
El colectivo de 250 establecimientos integrados en la Felg -aunque en los 10 millones de euros que debe Educación se incluyen los quioscos y las grandes superficies comerciales que también venden libros de texto- defiende el sistema de gratuidad, de apoyo a quien más lo necesite. Pero estos libreros creen que, en este momento, son ellos mismos los más necesitados. "Nosotros pagamos la compra de los libros de texto al 100% este mes", explican su situación. Y puntualizan: "Realmente necesitamos que nos protejan".
Si la Conselllería de Educación tarda un poco más en cancelar la deuda contraída con el colectivo "empezarán a cerrar librerías". "La nuestra es una estructura muy amplia, distribuida por las dispersas poblaciones gallegas, pero también muy débil: dependemos en más de un 30% de la venta de libros de texto", explica Patiño la fragilidad del sector. Y eso, tras reconocer que "la situación económica de la Administración es delicada" y precisando que esperaban una demora en el cobro, "pero no tanta".
Aseguran que para ellos el quebranto económico es "de gran magnitud" y señalan que si la situación económica de la Consellería de Educación es tan delicada como para suprimir estas ayudas, no les afectará a ellos económicamente ya que el dinero "es para las familias, no para los libreros, que en ese caso cobraríamos en efectivo". Entienden que en este momento son ellos quienes están ayudando a financiar la compra de los libros de texto a las familias con dificultades económicas. "Pero "nosotros no somos especialmente solventes", precisan.
Antes de dar la voz de alarma, los afectados acudieron a reclamar a la Consellería de Educación, que les respondió "con muy buena disposición y muy buenas palabras, pero de eso no vivimos", matizan. El colectivo se siente poco protegido. Ayer, aprovecharon para reiterar su malestar por la "competencia desleal" que supone la autorización para la venta de este mismo material en colegios -"si nosotros no damos clases, no sé por qué ellos pueden vender libros", protesta Patiño- y en las grandes superficies comerciales "que venden a precio de coste o incluso por debajo de él porque utilizan este producto como gancho comercial. No les importa el libro ni la cultura ni la educación".
Finalizado el mes de septiembre, los libreros deben hacer frente a los pagos y aseguran que, mientras algunos lo hacen al contado, otros recurren a las pólizas "pero en ningún caso podemos conseguir de los proveedores que nos aplacen los pagos". El presidente de la Felg destaca que este es el primer año en el que la demora de la Administración en el pago "es tan grande". Patiño sostiene que el año pasado "el pago fue muy eficaz". La consellería saldó entonces el anticipo de los libreros "en una media de 25 días: fue modélico". Ahora, el colectivo solo confía en que con la denuncia pública, Educación salde la deuda y se evite el cierre al que, de lo contrario, estarían abocadas buena parte de las librerías gallegas.
Denuncia contra un centro concertado de Pontevedra por cobrar cuotas 'voluntarias'
"Eres un mal ejemplo para tus hijos", espetó el director del colegio concertado Sagrado Corazón de Pontevedra a José Antonio Álvarez, padre de dos alumnos y miembro de la Anpa en ese centro. Álvarez reitera esta sentencia indignado con la dirección del centro al que envía a sus dos hijos. La reacción que atribuye al director se produjo después de que el padre cuestionara el pago de las cuotas que en concepto de "actividades extraordinarias" cobra el colegio, subvencionado por la Xunta, a sus alumnos. En el caso de Álvarez, suponía un desembolso de más de 74 euros mensuales que considera que no está obligado a pagar.
En la reunión de comienzo del segundo curso de Infantil, el representante del Anpa preguntó al director si es obligatorio el pago de las cuotas que se les pasan mensualmente a las familias. El director le respondió que son voluntarias, por lo que el padre informó por escrito al centro de que no autorizaba los pagos y que reclamaba para sus hijos "únicamente la estricta enseñanza reglada".
La dirección del colegio le respondió anunciándole que en ese caso debía recoger a su hijo de cuatro años media hora antes de lo que marca el horario escolar mientras que debe llevar al mayor, que cursa quinto de Primaria, media hora más tarde a clases. Además, le informó de que el colegio se daba por enterado de que sus hijos causaban baja "en los servicios complementarios" de seguro voluntario de accidentes y equipo psicopedagógico.
A la vista del horario del centro, el hijo mayor de Álvarez dejará de recibir la asignatura de matemáticas dos días a la semana, la de lengua castellana otros dos y un día la de inglés. Al pequeño lo privan de juegos educativos, expresión corporal, inglés coloquial y del taller de razonamiento.
El progenitor registró ayer una denuncia en la jefatura provincial de Educación. Cree que con estas medidas "están discriminando" a sus hijos ya que la ley establece "que la enseñanza concertada es gratuita". Además, Álvarez iniciará acciones penales por acoso del centro hacia sus hijos.
