El fiscal denuncia a un alto cargo de Fraga por secar la cascada de Ézaro

Nueve años después, la fiscalía ha entrado de lleno contra la concesión administrativa que permitió a Ferroatlántica secar en marzo de 2001 la cascada de Ézaro, la única de Europa que desembocaba directamente en el mar. Desde que la Xunta permitió a la empresa prescindir del caudal ecológico, que obligan a mantener las normativas medioambientales españolas y comunitarias, desapareció el tramo final del rio Xallas en el municipio coruñés de Dumbría. En la última década, el salto ya solo se abre como atracción turística sábados y domingos contados durante el verano y los festivos de Semana Santa, según estipula por escrito el permiso del Gobierno gallego.

Con el objetivo de anularlo y de restituir el cauce original del río, el ministerio público ha presentado una denuncia en los juzgados de Santiago contra Francisco Pan-Montojo González, el ex alto cargo de la Xunta de Fraga que facultó a Augas de Galicia a cambiar el permiso con el que la empresa del ex ministro Juan Miguel Villar Mir explota su aprovechamiento hidroeléctrico. Lo hizo a través de un polémico cambio de la declaración de impacto ambiental que este mismo organismo había aprobado un año antes.

Empujada por el ministerio público, la Xunta revisa de oficio el expediente

El conselleiro no aclara qué pasará si se anula el permiso de hace nueve años

Si el primer documento -que tiene fecha de 22 de julio de 2000- obligaba a Ferroatlántica a liberar 2,23 metros cúbicos de agua por segundo con la consiguiente obligación de preservar la vida del río aguas abajo de la presa, nueve meses más tarde, la misma dirección general de la Xunta modificó la declaración atendiendo a los deseos de la empresa y prescindió del caudal ecológico. En su lugar, se permitió a la propietaria del embalse secar el tramo final del río a cambio de abrir la cascada un par de horas los fines de semana del verano.

En su denuncia, el fiscal especializado en Medio Ambiente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Álvaro García Ortiz, acusa de prevaricación a Francisco Pan-Montojo González, director general de Calidade e Avaliación Ambiental en la Consellería de Medio Ambiente que presidía Carlos Del Álamo en marzo de 2001. El ministerio público concluye en su minuciosa denuncia que el alto cargo dictó entonces una resolución "de manera totalmente injustificada, careciendo de competencias para ello, omitiendo un trámite esencial del procedimiento, dando lugar a un informe que autoriza la captación de aguas impidiendo el normal transcurso del caudal ecológico, y sin siquiera molestarse en fundamentar la resolución, como si de una simple fe de erratas se tratase".La denuncia del fiscal, que adjunta un atestado del Servicio de Protección de Naturaleza de la Guardia Civil para certificar el secado del cauce, concluye que "el informe, manifiestamente injusto" firmado por el ex director general de Avaliación Ambiental en 2001 dio lugar a la resolución de la nueva concesión para la firma de Villar Mir. El ministerio público no se queda ahí y pide al juez que indague "dentro del entramado administrativo para averiguar si el vicio del informe delictivo se traslada de manera automática a quien de hecho modifica el régimen concesional". Quien modificó ese régimen hace nueve años no fue otro que el organismo Augas de Galicia que por aquel entonces presidía el actual conselleiro de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández.

Precisamente, el departamento de Hernández, que gestiona la política medioambiental de Galicia tras ser requerido ahora por la fiscalía, donde la organización ecologista Rios Con Vida presentó la querella, envió hce dos meses al ministerio público la documentación por la que se comprometía a anular el permiso concedido hace casi una década. El escrito lo firma el ahora presidente de Augas de Galicia, Francisco Menéndez Iglesias, y es una enmienda a la totalidad de lo hecho hace nueve años y compite en dureza con los términos del fiscal.

Admite, entre otras muchas irregularidades, que la licencia concedida por el Gobierno de Fraga y que sigue vigente "incurre en los vicios de nulidad establecidos en el régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común". Apela a la Lei Galega de Pesca Fluvial donde se establece que "las concesiones de aprovechamiento hidráulico deberán en todo tiempo respetar el caudal ecológico necesario para facilitar el normal desarrollo de las poblaciónes piscícolas". Esta norma, que ya regía cuando se autorizó el cambio de la concesión, requiere que "los organismos de cuenca competentes soliciten los informes necesarios a la Consellería de Agricultura, Gandería e Montes [actualmente de Medio Rural]". La misma obligación establece un decreto aprobado en mayo de 1997 para la ordenación de la pesca fluvial y de los sistemas acuáticos continentales.

La Xunta, igual que hace ahora la fiscalía, concluye que ninguno de estos trámites se siguieron entonces y certifica que el departamento de Carlos del Álamo cometió en 2001 "irregularidades relevantes".

La Consellería de Medio Ambiente certifica que aquella Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental responsable del cambio en el permiso "carecía de competencias para hacerlo". Y reprocha que la licencia se hubiera otorgado sin el preceptivo informe de la Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural. Tras admitir todo lo anterior, a los actuales responsables de Augas de Galicia no les quedó otro remedio que anunciar la revisión de oficio de la vetusta declaración de impacto con el objetivo de promover su nulidad.

Ya en diciembre y tras la publicación por EL PAÍS de la noticia, el Gobierno gallego informó de que la revisión estaba en marcha y en fase de presentación de alegaciones por parte de Ferroatlántica. Desde entonces nunca más se supo. El propio Hernández, que ahora puede verse involucrado en el caso por las deciciones que adoptó hace nueve años, no ha sabido explicar qué consecuencias tendría la anulación del permiso.