Imputados
Antes, las listas electorales eran muy entretenidas. Cuando un partido presentaba la suya, iba acompañada de un extenso currículo de cada uno de los integrantes donde figuraba su actividad profesional, sus méritos académicos, su edad, el lugar de nacimiento y algunos otros detalles orgánicos. Los periodistas buscábamos los que salían, los que entraban, los independientes, los catedráticos, los abogados, los que eran de una facción del partido, los que eran de otra. Y a partir de ahí, se hacía un análisis de la candidatura. Desde que la política se profesionalizó, todo resulta mucho más aburrido. Las listas, ahora, sólo están llenas de políticos, por lo que dejó de interesar si alguno fue un día maestro, porque ya ni se acuerda; si cualquier otro fue abogado, porque nunca ha ejercido; o si es de una facción u otra, ya que lo normal es que haya estado en varias facciones en distintos tiempos.
Desde hace algunos años, lo importante de las listas es que sean paritarias. Está asumido que resulta poco estético una candidatura donde no figure por igual el mismo número de mujeres que de hombres, ya que una sociedad igualitaria no puede estar representaba por listas que no sean igualitarias. Hay comunidades autónomas que lo exigen por ley y partidos que lo defienden en sus estatutos. De un tiempo a esta parte, las listas electorales han vuelto a ser entretenidas. Ahora, las candidaturas se pueden analizar desde una perspectiva novedosa: el número de imputados que van en ellas. Por eso, sería deseable que los partidos, en el acto de presentación de sus candidatos, incluyeran en el currículo la situación procesal de algunos de ellos. Y en determinados casos, sería conveniente hasta facilitar un certificado de antecedentes penales de algún alcaldable.
El otro día le escuché a un dirigente socialista un reproche ingenioso sobre las listas electorales de Valencia, donde figuran hasta 11 políticos procesados. Decía que había candidaturas en esta comunidad autónoma con listas cremallera: un imputado, un no imputado, un imputado, un no imputado... Aún admitiendo que lo de Valencia es insuperable, el reproche tendría más gracia si no fuera posible poner algún ejemplo parecido de algunas listas del PSOE. Los partidos suman más de 100 candidatos imputados en sus listas para las municipales.
El imputado, ya condenado, con más arte del mundo es el expresidente de Melilla. Se llama Ignacio Velázquez y ahora es el líder de una formación política que se denomina Partido Populares en Libertad, que está en el límite de llamarse en Libertad bajo fianza. Velázquez ha pedido al Gobierno un indulto para no cumplir su condena y poder así presentarse a la presidencia de la ciudad autónoma. Este hombre dice que los servicios jurídicos de este curioso partido piden en su escrito la suspensión de la sentencia por su poca "claridad" y aduce que se trata de un asunto que se arrastra desde 1997, cuando impidió el voto a un tránsfuga en una moción de censura. Velázquez alegó, para impedir que votara, que el tránsfuga tenía un interés personal en ejercer su derecho al sufragio: desbancarlo de la presidencia de la ciudad. Algo que al condenado le debió de parecer extraño en una moción de censura.
Si no fuera porque es un escándalo lo que está ocurriendo en las listas electorales, hasta tendrían gracia algunos de estos ejemplos. El problema, sin embargo, hace tiempo que es preocupante. Los códigos éticos de los partidos es una de las mayores farsas de la democracia y resulta bochornoso escuchar las explicaciones de los dirigentes para salvaguardar a sus imputados. Cuando una formación política incluye a un imputado en una lista electoral, incluye además la necesidad de defender lo indefensible y de justificar lo injustificable. E incluso, la necesidad de acallar a los medios de comunicación, como intentó hacer Camps en Valencia.
