Salud insiste en castigar a los médicos del 'caso Puerta', pero rebaja la sanción

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha cambiado de criterio sobre las medidas contra los médicos que cuestionaron la atención sanitaria que recibió el futbolista Antonio Puerta tras las sucesivas paradas cardiorrespiratorias que sufrió antes de morir. Salud ha rebajado su primera propuesta de sanción de dos años de suspensión de empleo para los cuatro médicos de urgencias del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla cuyas conversaciones con un periodista fueron grabadas con cámara oculta y difundidas por el programada La Noria de Tele 5.

Los implicados recurrieron la sanción ante el director general de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, Rafael Burgos, quien ha emitido una resolución que suaviza la anterior, pero insiste en castigar a los doctores y apartarles de su trabajo. Para el médico Javier Gutiérrez Caracuel, propone una suspensión de cinco meses; para Mauricio Sáenz de Tejada, dos; y para los otros dos facultativos, que no han querido ser identificados, tres meses.

El director de personal acusa a los médicos de una falta "grave"

"Nos quieren sancionar como sea", dice un médico

El director de personal sostiene que los médicos incurrieron en una falta al opinar sobre la atención recibida por el futbolista, pero disiente con la instructora de la resolución anterior sobre la tipificación de la misma. El primer informe consideraba la actuación de los facultativos como una falta "muy grave" recogida en el Estatuto Marco del SAS; el director de Personal lo deja en falta "grave".

Según la instructora que propuso la sanción de dos años, las manifestaciones de los médicos al periodista supusieron "el quebranto de la debida reserva respecto a datos relativos al centro o institución o intimidad personal de los usuarios y a la información relacionada con su proceso y estancia". El artículo 72.2 del estatuto marco tipifica esta conducta como falta "muy grave", sancionable con entre dos y seis años de suspensión de empleo. La instructora se decantó por proponer la pena mínima. El director de personal cree, en cambio, que los médicos cometieron una falta "grave" recogida el artículo 72.3: "desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios". La ley prevé sanciones de entre un día y dos años de suspensión de empleo y el SAS ha optado por entre dos y cinco meses.

Pero los médicos no se conforman con la reducción del castigo y van a recurrir la resolución ante el director gerente del SAS. Su dictamen sí que será ya firme y Javier Gutiérrez Caracuel, uno de los doctores expedientados, advierte de que no aceptará un dictamen que siga cuestionando su actuación. Gutiérrez, que trabaja en las urgencias del Virgen del Rocío desde hace 11 años, está dispuesto a llevar a los tribunales al SAS. "Yo voy a llegar hasta el final. No voy aceptar ni un apercibimiento", asegura.

"¿Por qué hay que castigar a quien dice la verdad?" se pregunta el médico, para quien la rebaja de sanción no ha sido una buena noticia. "Sigue siendo una mancha en mi expediente después de muchos años de duro trabajo". El cambio de criterio de la administración, que ya no considera las declaraciones de los médicos como quebranto de la intimidad del paciente sino como una "grave desconsideración", tampoco gusta al facultativo. "Están jugando con las personas. ¿Antes había hecho una cosa y ahora otra? ¿Antes era muy malo y ahora un poco menos? Me parece que están intentando encuadrar lo que he hecho en cualquier punto del Estatuto Marco. Nos quieren sancionar como sea y han buscado el punto al que puedan agarrarse".

Gutiérrez, como otros dos de sus compañeros sancionados, ya cumplió 63 días de suspensión cautelar de empleo -el cuarto médico se libró por su condición de delegado sindical-. Un juez consideró luego que la medida era "arbitraria, atípica y desproporcionada" y ordenó que se permitiera la reincorporación de los médicos a sus puestos de trabajo. "Estuvimos apartados cautelarmente por un motivo que ahora los mismos del SAS dicen que no existe", advierte el facultativo.

Gutiérrez aún no se ha recuperado de aquellos días de castigo y, el pasado 8 de abril, interpuso una demanda contra el SAS por daños y perjuicios. Sigue necesitando tomar antidepresivos y por las noches no consigue conciliar el sueño sin la ayuda de pastillas. Cuando la química no hace efecto, se agarra a su afición a la pintura. "Me he matriculado en Bellas Artes y si no puedo pegar ojo me levanto a pintar a las cinco de la madrugada", cuenta.

Las mañanas libres de uno de esos días de ostracismo forzado por la sanción cautelar le llevaron un día hasta la Oficina del Defensor del Pueblo, donde consiguió que le recibiera el adjunto especializado en temas de salud, Francisco Javier Gutiérrez. Le expuso su caso, presentó una queja y el defensor, José Chamizo, acaba de emitir un informe en el que recrimina la propuesta de sanción contra los facultativos.

A lo largo de 14 folios, el texto firmado por Chamizo desgrana los hechos y una amplia jurisprudencia el Tribunal Constitucional que le llevan a concluir que la sanción resulta "injustificada". "Los hechos que se le imputan al interesado deben ser valorados a la luz del ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 20.1 de la Constitución [referido a la libertad de expresión] y no serían acreedores a lo que, en nuestra opinión, y por las razones expuestas, resulta una sanción injustificada conforme a la propuesta de resolución contenida en las actuaciones", advierte el defensor.

Chamizo termina su informe con varias sugerencias dirigidas a la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y un "exhorto" lanzado directamente a la administración sanitaria: que articule "en la mejor manera y forma" sus intereses y los del hospital con los derechos individuales del médico expedientado. Además, el defensor pide al SAS "el máximo respeto por los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a comunicar información veraz". "De lo contrario", concluye Chamizo, "podría derivarse [...] la nulidad radical de la medida disciplinaria impuesta".