El alcalde de Alhaurín de la Torre avala las oposiciones
"Todo es mentira". El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova (PP), insistió ayer en que la denuncia sobre irregularidades en las oposiciones para funcionarios y personal laboral del consistorio que ha motivado la apertura de diligencias penales a instancia de la Fiscalía están basadas en argumentos falsos.
"Hemos presentado documentación suficiente al juzgado que acredita que todo el procedimiento fue transparente, lúcido y conforme a ley, que pasó todos los filtros jurídicos", explicó Villanova.
Éste no ve en la denuncia más motivación que la ira de una persona que dijo fue "cargo de confianza del alcalde, que fue cesado, despedido y que perdió los pleitos" y las ansias de persecución política de IU, que se ha personado en el caso como acusación popular.
El denunciante señalado por el alcalde aportó datos precisos a la Fiscalía Anticorrupción sobre el sistema de contratación del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en el que una serie de empleados contratados sin selección objetiva con contratos temporales acceden al final a una plaza definitiva en concursos-oposición en los que las bases se diseñan a su medida.
El denunciante aportó a la fiscalía en sucesivos escritos los nombres de 42 personas que ganaron plaza de funcionario en 2007 antes de que se realizaran las pruebas entre más de 300 candidatos que concurrieron. En todos ellos acertó los pronósticos.
El alcalde de Alhaurín de la Torre consideró lógico que las plazas las ganen las personas que ya la ocupan provisionalmente, y dijo que es algo genérico no privativo sólo de su municipio. "Está claro que un ayuntamiento cuando saca unas plazas normalmente nadie va a suspender, es lógico, aunque ha habido algún caso en que ha ocurrido".
Sin carné
Villanova dijo que él nunca ha pedido el carné del PP a ninguna persona para ser contratada. Una de las pruebas que obran en los autos es un fax que el ex presidente provincial del PP en Málaga, Joaquín Ramírez, envió en agosto de 2000 a Villanova con los nombres y los currículos de cuatro personas que debían ser contratadas "por orden de preferencia".
La fiscalía entiende que existen indicios de un presunto delito de prevaricación. El juzgado que abrió las diligencias en febrero aún no ha citado a declarar al alcalde de Alhaurín ni ha tomado medidas cautelares.
