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El 'caso Malaya' deja una estela de 30 causas pendientes de investigar

El fiscal pidió que se instruyeran aparte para no dilatar más el sumario

Juana Viúdez

La Audiencia malagueña ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar una treintena de causas relacionadas con el caso Malaya contra la corrupción marbellí y que no se podían dejar dentro del sumario de la macrocausa porque de lo contrario la instrucción se haría eterna. La mayoría son operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, ya sea compras o ventas de fincas en las que el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, se parapeta en sociedades o testaferros; y resoluciones administrativas del Ayuntamiento de Marbella que "favorecen los intereses de empresarios que habían efectuado los pertinentes pagos -cohechos- al señor Roca", recoge el fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero. En la lista hay ocho convenios que el ex alcalde Julián Muñoz rubricó con sociedades del promotor José Ávila Rojas y que sirven para explicar cómo un número ingente de apartamentos diseminados por la ciudad acabó en manos del Ayuntamiento marbellí.

Un aparcamiento de Puerto Banús paga 7.000 euros al año de concesión
Julián Muñoz intercambió 29 pisos de una tacada con un promotor

Su instrucción como causas independientes complicará aún más el panorama judicial de Roca, el ex alcalde Julián Muñoz y los empresarios que los protagonizan. Estos son algunos de los casos más llamativos.

- Un aparcamiento casi regalado. Los juzgados investigarán la construcción y adjudicación en 1998 de un aparcamiento público de Puerto Banús. Según la documentación, incluida en el caso Malaya, la concesionaria -que primero fue la empresa Sociedad Europea de Estacionamientos, SA, y después Saba Aparcamientos- paga poco más de 7.000 euros anuales por explotar sus 1.100 plazas, toda una bicoca teniendo en cuenta que es uno de los lugares más visitados y caros de España y Europa. "El valor catastral del inmueble en 2006 es de 8,1 millones de euros, por lo que el canon no alcanza siquiera el 0,1%", destaca el fiscal. En 2006, la hora de estancia costaba 1,65 euros.

El alquiler resulta ridículo si se lo compara con otras concesiones. Por ejemplo, en 2004, la sociedad Occidental de Aparcamientos Costa del Sol SL, pagó 93.000 euros por la explotación de 775 estacionamientos en la avenida Ricardo Soriano, vía principal de Marbella. Trece veces más por un menor número de plazas y en una zona menos transitada.

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- Pisos para expropiaciones. Muñoz renunció a cobrar en matálico los aprovechamientos urbanísticos que generaban al municipio la recalificación de parcelas para adquirir, en su lugar, numerosos apartamentos, trasteros y garajes. En uno de estos tratos con Ávila Rojas, el Ayuntamiento recibió 29 apartamentos y cinco locales que servirían, según dijo el Consistorio, para pagar en especie una serie de expropiaciones. Las propiedades que ofertó la promotora Turasa, situadas en las promociones Terrazas de Marina Marbella, Jardines de la Represa y el bloque San Marino, costaban 3,1 millones, un millón más de la cantidad que la empresa debía pagar al Ayuntamiento. Esto obligó al municipio, además de aceptar el pago en especie, a pagar a la constructora la diferencia "en metálico" o "mediante compensación de créditos".

- Cuadros y parcelas. La facilidad con la que Roca supuestamente compraba y vendía terrenos sin que su nombre apareciera por ningún lado y adquiría numerosas obras de arte, ambas operaciones sospechosas de blanqueo, se seguirá investigando en causas independientes. Entre la compra de parcelas destaca la de una serie de solares en Murcia valorados en 25,4 millones y en los que construyó las promociones Nueva Ribera Beach y Nueva Ribera Golf. Los marchantes Rafael Domenech Jodrá y Manuel Mayoral Alavedra tendrán que responder por las ventas de cuadros al ex asesor urbanístico de Marbella.

Vista exterior del aparcamiento municipal de Puerto Banús, por cuya explotación la empresa Saba paga 7.000 euros anuales.
Vista exterior del aparcamiento municipal de Puerto Banús, por cuya explotación la empresa Saba paga 7.000 euros anuales.GARCÍA-SANTOS

El penúltimo pelotazo de la trama

El fallecimiento del empresario Emilio Rodríguez Bugallo, dueño de Construcciones Salamanca, durante la instrucción del

caso Malaya

, no ha hecho que la fiscalía deje a un lado los convenios que rubricó con el Consistorio marbellí. De hecho, se ha pedido que se investiguen cinco de estos acuerdos ante la sospecha de que las decisiones que se adoptaron pudieron suponer delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

Entre ellos figura la recalificación de un terreno aledaño a la Plaza de Toros de Marbella, gestionada por la familia del fallecido, y que permitiría la construcción de un edificio de nueve plantas adosado al coso.

El convenio, firmado el 8 de junio de 2005, convertía una parcela de 7.036 metros cuadrados que el plan urbanístico de 1986 reservaba para equipamiento sociocultural, en un solar para uso comercial, de oficinas y hotelero. Esta decisión permitía al empresario disponer de 25.055 metros cuadrados edificables y le obligaba a abonar seis millones al Consistorio. Según el fiscal, el convenio fue ratificado en la Junta de Gobierno Local el 19 de enero de 2006, cuando faltaban poco más de dos meses para que saltara el

. El edificio nunca llegó a consolidarse, pero el empresario adelantó los dos primeros pagos de los aprovechamientos, según fuentes municipales.

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Sobre la firma

Juana Viúdez
Es redactora de la sección de España, donde realiza labores de redacción y edición. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en EL PAÍS. Antes trabajó en el diario Málaga Hoy y en Cadena Ser. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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