Las chabolas se resisten a desaparecer
El Gobierno intenta erradicar los campamentos ilegales de la fresa de Huelva
La recogida de la fresa en la provincia de Huelva finaliza estos días, el trasiego de temporeros y los kilómetros de plástico desaparecen y, como consecuencia, los campamentos ilegales, con cientos de subsaharianos repartidos en pequeñas chabolas, resultan más visibles y menos útiles. El Ayuntamiento de Moguer denunció hace tres semanas la presencia de asentamientos en terreno público y privado. La Subdelegación del Gobierno en Huelva procedió a su desmantelamiento. Pero ellos no se marchan. Solo se retiran unos metros.
"Nos quitan las chabolas, las volvemos a poner. No tenemos dónde ir", sentenció ayer Aliou Traore, maliense de 29 años, que explica que la Guardia Civil ha avisado en dos ocasiones a los más de 100 inmigrantes de su asentamiento, ubicado entre Mazagón y Palos, de que recojan sus pertenencias porque "muy pronto" van a destruirlo. La mayoría proceden de Mali, Costa de Marfil, Senegal y Ghana. Se encuentran sin trabajo y, casi todos, sin papeles.
Los productores del sector denuncian la "mala imagen" de los asentamientos
La interprofesional andaluza, Interfresa, que engloba al 100% de productores y comercializadores de la fresa, acudió recientemente a la Fiscalía de Huelva para presentar un escrito formal en el que denunciaba el "daño irreparable" que la presencia de estas chabolas han causado al sector. Pedían su desmantelamiento. A los empresarios les preocupa, aseguran, el drama humano pero también "la mala imagen" de los inmigrantes deambulando por los campos, que ha podido influir en la campaña de desprestigio que se ha llevado en Europa en los últimos meses (con las consiguientes pérdidas económicas). En Francia y Alemania se emitieron varios programas contra la supuesta explotación de temporeras.
Interfresa lamenta que se haya identificado a los empresarios como "los culpables de este drama". Por otro lado, el Ayuntamiento de Moguer (PP), en cuyo término municipal se agrupan decenas de campamentos, denunció en Subdelegación "la concentración de un centenar de construcciones verdaderamente tercermundistas" en la zona de las Jarras, área completamente rodeada de plantaciones freseras. Un comunicado del ayuntamiento, muy detallado, ofrecía las razones por las que las chabolas deben desaparecer: "Con el final de la campaña y la llegada del calor, estos campamentos ilegales que no reúnen las condiciones mínimas para vivir, se convierten cada año en focos de contaminación donde proliferan los insectos parásitos como pulgas o garrapatas, detectándose en muchas ocasiones la presencia de ratas y otros animales carroñeros que suponen un evidente riesgo para la salubridad de las propias personas y para la preservación de medio natural".Después se anunciaba que los desmantelamientos seguirían "toda la semana"
con el mismo procedimiento: "Mediante una pinza adosada a un tractor, se realizó el levantamiento de decenas de estas chabolas, cuyos restos fueron recogidos por trabajadores de Emvisur, retirándose posteriormente por una empresa de tratamiento de residuos para su posterior reciclaje".
Mientras tanto, los inmigrantes se encogían ayer de hombros y contestaban con rotundidad. "No podemos coger un autobús a otra provincia porque no hay dinero. Tampoco regresar a África, que es peor", razonó un chico de Ghana de 23 años. Las mantas, plásticos, palos y cuerdas que usan para hacer las chabolas estaban en el suelo, preparados por si hoy vienen los tractores. "Si lo ven todo en el suelo, quizás no hacen nada", pensó Ben Diakite, maliense de 26.
Los más de 60.000 temporeros (en su mayoría mujeres) que participaron en la recolección durante casi cinco meses vuelven a sus casas en estos días (tanto en España como en Rumanía o Polonia). Los campos se espolean para que la tierra se recupere. Pero los subsaharianos no tienen un lugar al que regresar. Ni un puesto de trabajo al que acudir. Algunos han conseguido algún dinero echando una mano con la fresa. "35 euros por un día", detalló Aliou Traore, que muestra su permiso de trabajo. Ahora quiere marcharse a Valencia. A los demás no los contrataron porque las multas ascienden a 60.000 euros.
Desde un punto de vista penal, no se puede hacer mucho. "Si los terrenos son privados o del Ayuntamiento, está claro que el dueño de la finca o el propio Ayuntamiento puede echar a estas personas. Pero nada más", zanjaron fuentes judiciales. La Subdelegación del Gobierno recalca que está obligada a actuar si se producen denuncias. Voluntarios de Cruz Roja y de Cáritas han acompañado en la evacuación. Les han proporcionado bolsas de comida (arroz, pasta y leche) y han tratado de comunicar con sus allegados en España o en África. Pero no a muchos les quedan familiares y los que tienen, no contestan.
