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La juez imputa al candidato de IU por una trama de Mercasevilla

Alaya avisa a Torrijos de que le acusará a 45 días de las elecciones locales

La juez Mercedes Alaya ha imputado al primer teniente de alcalde de Sevilla y exvicepresidente de Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), por la supuesta venta irregular de los suelos de la empresa municipal a Sanma, una filial de la constructora Sando. En un auto fechado el 4 de abril, la juez considera que hay indicios de "la responsabilidad y activa participación" de Torrijos en los asuntos de Mercasevilla "y de modo especial en el proceso de adjudicación de la totalidad de los terrenos de la misma a Sanma".

La imputación del portavoz y candidato municipal de IU responde a la denuncia planteada por los mayoristas de frutas, verduras y hortalizas de Sevilla, cuya personación en el caso acepta ahora Alaya al entender que, como socios minoritarios de la empresa (con el 0,168% del capital), son parte perjudicada.

La imputación de Torrijos se preveía desde hace meses y la anticipó la propia Alaya en octubre de 2010 en un auto que ya sorprendió, por inusual, en su momento. "Resulta obvio que el señor Rodrigo Torrijos, en el momento de la investigación que se considere oportuno, tendrá que explicar las razones de su marcado interés sobre la fórmula del concurso público y su intervención en el mismo", escribió entonces la juez, que no aclaró si esas explicaciones debería darlas el portavoz de IU como testigo o como imputado.

La juez despeja ahora las dudas y descarta la citación de Torrijos como testigo que había pedido el Partido Andalucista. El grupo municipal de IU emitió ayer un comunicado en el que asegura que Alaya no les ha comunicado la imputación. En cualquier caso, tras conocer el auto por los medios de comunicación, la coalición califica de "un tanto sorprendente" que su portavoz, que repite como cabeza de lista en la capital, sea llamado "ahora", a 45 días de que se celebren las elecciones municipales.

La imputación de Torrijos supone que IU concurrirá a las elecciones en Sevilla con los dos primeros puestos de la lista imputados por la juez Alaya. Además de la citación de Torrijos, la concejal y número dos de la candidatura, Josefa Medrano, está acusada de prevaricación por prohibir un homenaje al escritor franquista Agustín de Foxá. La Audiencia ha confirmado el procesamiento y Medrano tendrá que ir a juicio.

Fuentes del caso coincidieron ayer con esa sorpresa mostrada por IU por el hecho de que la imputación de Torrijos se haya producido a 45 días de las elecciones. "Podrían haberle imputado hace un año. No ha habido nada nuevo en los últimos siete meses que justifiquen la imputación ahora" señalaron estas fuentes.

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Torrijos cuenta con el apoyo de su formación, que en el comunicado emitido ayer defiende la "inocencia total" de su portavoz. La coalición sostiene que este apoyó en el seno de Mercasevilla "la posición política" de la organización, contraria a favorecer procesos de especulación en suelo público. La coalición afirma que Torrijos no formó parte "en ningún momento" del equipo de redactores del pliego de condiciones del concurso público, "ni por supuesto de la mesa de contratación" que adjudicó los suelos a Sanma. "Este procedimiento contó con todos los avales técnicos, jurídicos y funcionariales que conformaron una decisión transparente, legal e impecable", asegura la formación.

IU federal ha convocado hoy en Madrid a los cabezas de lista de las elecciones del 22 de mayo para firmar un exigente decálogo contra la corrupción. Uno de estos candidatos es Antonio Rodrigo Torrijos, quien, según fuentes de IU, tenía pensado acudir y ocupar, además, un lugar de marcado protagonismo, ya que Sevilla es una de las pocas grandes ciudades donde la coalición forma parte del gobierno. Con todo, el acto comienza a las 12.00 en Madrid y el portavoz de IU ha convocado una rueda de prensa en Sevilla a las 10.30 de hoy.

El código ético, coordinado por las secretarias federales de Política Institucional y Municipal, Montse Muñoz y Encarna Páez, está inspirado en el que se aprobó para las elecciones de 2007 y es taxativo respecto a las imputaciones relacionadas con el urbanismo. La orden es la dimisión fulminante para todos los militantes, cargos orgánicos y, por supuesto, candidatos. El documento de 2007 dice textualmente: "Los imputados por un juez (...) por delitos relacionados con la corrupción, prevaricación con fines de lucro, tráfico de influencias (...) malversación (...) cesarán de forma inmediata (...) En ningún caso podrán ser candidatos en listas municipales, autonómicas, estatales o europeas". Aunque todavía la juez no ha aclarado qué delito le imputa a Torrijos, habla en el auto de "responsabilidad y activa participación" en la lonja e "indiciariamente y de modo especial" en el proceso de adjudicación de la totalidad a Sanma.

El coordinador andaluz de IU, Diego Valderas, ha desplegado en las últimas semanas una beligerante estrategia contra el Gobierno andaluz por el caso de los ERE, con la exigencia del adelanto de las elecciones. También ha pedido una comisión de investigación en el Parlamento, pero su partido se ha opuesto a constituir otra en el Ayuntamiento por al caso Mercasevilla. El grupo municipal llegó a presentar una moción ante el pleno en la que conminaba al PP a destituir a sus cargos imputados, para lo que adjuntó una lista de toda España.

Ayer mismo, Valderas, que estuvo en El Ejido, volvió a la carga, pero tras conocer la imputación, señaló que no se podía pronunciar hasta tener el "alcance del auto de la juez". "Alaya ha realizado un procedimiento de imputación sin ningún tipo de procesamiento", explicó. El diputado en el Congreso Gaspar Llamazares dijo que hay que esperar al procesamiento para adoptar medidas disciplinarias.

Las investigaciones del 'caso Mercasevilla'

- El caso Mercasevilla se inició en marzo de 2009 tras denunciar dos hosteleros el intento de soborno de 450.000 euros en comisiones ilegales por parte de la anterior cúpula de la empresa municipal. En esta causa están imputados los ex directivos Fernando Mellet, Daniel Ponce, la trabajadora Regla Pereira y el ex delegado de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas. La Audiencia de Sevilla ya ha ratificado los procesamientos.

- La segunda vía de investigación que dirige la juez Mercedes Alaya en este caso analiza el concurso público de 2006 para la venta de suelo. La magistrada considera que la venta de terrenos fue "fraudulenta" porque se adjudicó a la constructora Sando. La empresa se alzó con el concurso pese a que ofreció 106 millones y la constructora Noga 158 millones. En la causa hay 16 imputados entre políticos, abogados, empresarios y técnicos.

El teniente alcalde del Ayuntamiento sevillano, Antonio Rodrigo Torrijos, es el último imputado tras otros altos cargos como el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, Juan José Millán, su antecesor Manuel Marchena y el exconcejal Gonzalo Crespo.

- La tercera investigación indaga en una supuesta malversación de fondos públicos, fraude, apropiación indebida exacciones ilegales y delito societario por parte de la anterior cúpula directiva de Mercasevilla. La investigación sobre el agujero contable incluye pagos injustificados con varias tarjetas de crédito.

- Por último, tras aparecer dos intrusos (personas que nunca trabajaron en la empresa) en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Mercasevilla de 2007, la juez investiga las irregularidades en los ERE de al menos otras 12 empresas. La policía judicial ha detenido hasta el momento a 32 personas y están imputados políticos, empresarios, intermediarios y exsindicalistas.

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