La promesa sin fondo de Delphi
La Junta ha gastado más de 120 millones en el plan de recolocación
De momento son 16 reuniones. La comisión de seguimiento de Delphi, formada por la Junta de Andalucía y los sindicatos, se ha encontrado 16 veces desde el 4 de julio de 2007 cuando se acordó entre ambas partes un plan de formación que buscaba la recolocación de los 1.500 trabajadores que esta compañía de automoción dejó en la calle tras cerrar las puertas de su factoría de Puerto Real. La última de estas citas ha servido para poner la meta, aparentemente definitiva, de este dispositivo especial en el que la Junta se ha gastado más de 120 millones de euros. La inversión terminará, como máximo, el 30 de septiembre de 2012 con un límite de 24 millones más.
La primera reunión, la que sentó las bases de este tratamiento singular, fue el 4 de julio de 2007. Fue el que sirvió para rubricar el acuerdo que ha sido el comienzo de todo lo demás. La Junta, apremiada por multitudinarias movilizaciones y la proximidad de las elecciones generales y autonómicas, aceptó un ambicioso y cuantioso plan para dar un empleo a todos los trabajadores bajo el lema de que ninguno se quedaría tirado. La idea fue aprovechada también por operarios eventuales y de la industria auxiliar, con lo que el dispositivo especial llegó a sumar 1.904 inscritos. El protocolo firmado aquel día contemplaba muchos puntos pero, en lo básico, recogía el inicio de cursos para todos los operarios e incentivos para la instalación de empresas en la bahía de Cádiz que pudieran recolocarlos a todos.
Las prejubilaciones a los 50 años dieron una sensación de favoritismo
Los sindicatos siguen exigiendo lo pactado antes de la crisis económica
Los trabajadores, muchos mayores de 45 años, volvieron a clase. Recibieron clases de formación general, lecciones de industria y de sectores específicos. Algunos pudieron obtener títulos universitarios. Al mismo tiempo, la Consejería de Innovación ofreció dinero, más de 60 millones de euros, para atraer empresas a la comarca. Se anunciaron muchas y llegaron pocas: Software Factory, Gadir Solar, Alestis, Celulosa Investments... A cada una de ellas se les entregó 9.000 euros por cada trabajador de Delphi contratado, con la condición de que asumieran las ventajosas condiciones del convenio del metal que estos operarios tenían en su antigua factoría.
La Junta sostuvo su compromiso de no dejar abandonado a ningún trabajador durante muchos meses. En este tiempo, los sindicatos lograron sacar adelante incluso planes de prejubila-ción, que ya recogía el protocolo del 4 de julio de 2007. En pleno debate por el retraso en la edad de jubilación, fue especialmente polémica la decisión de prejubilar a operarios que cumplieran 50 años. Recibieron 21.615 euros anuales, unos 1.500 euros netos al mes. Para entonces, el colectivo Delphi tenía ya muchos enemigos, que criticaban los excesos económicos que la Junta estaba cometiendo con ellos. Y eso que en las primeras movilizaciones, que incluyeron una huelga general en la bahía de Cádiz, contaron con un apoyo generalizado de la ciudadanía.
La crisis económica provocó dificultades para que el Gobierno andaluz pudiese cerrar las conversaciones abiertas con muchas empresas que se habían interesado por instalarse en la bahía de Cádiz. A eso, se unió el desprestigio que estos trabajadores comenzaban a tener para gran parte de la patronal por sus exigencias salariales, como ocurrió en Gadir Solar. Su dueño llegó a expresar públicamente su arrepentimiento por haber contratado a estos operarios.
La Junta decidió cambiar de táctica en 2010 apoyándose en este creciente malestar con el colectivo. También fue importante la salida de los dos consejeros que habían firmado estos compromisos, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, y la entrada de otros dos políticos con menor vinculación con la provincia de Cádiz, Manuel Recio y Antonio Ávila. Su decisión fue poner un límite a lo que se consideró un pozo sin fondo. Por eso se fijó el 28 de febrero de 2011 como la fecha en que este tratamiento debía terminar. Eso provocó que el colectivo volviera a protestar en la calle con una progresiva virulencia que estalló en una jornada con carga policial que dejó herido a un trabajador en el ojo.
Así se ha llegado a la última reunión. Es la que ha establecido que el plan se extenderá hasta septiembre de 2012. Se mantienen hasta entonces los compromisos de la primera reunión, entre los que se incluyen 45.000 euros para los trabajadores que quieran abandonar este dispositivo especial antes de esa fecha. De nuevo se han intensificado las críticas contra los ex de Delphi y los supuestos excesos de la Junta. Los sindicatos y el Gobierno andaluz se han limitado a explicar que se cumple un compromiso adquirido hace cuatro años y que entonces fue aplaudido por la mayoría.
El final no está escrito. Porque la continuación de este plan no ha sido aceptada por el 35% de los operarios y los sindicatos no descartan nuevas protestas. Entre otras cosas, reclaman cursos por Internet para evitarse "más años de encierro" en las aulas. Literal.
Una 'patata caliente' para los políticos
La solución al conflicto de Delphi no ha sido un plato de buen gusto para los políticos. Quizá sí lo fue el primer acuerdo en tiempo de bonanza económica y de respaldo mayoritario a este colectivo. Pero después, con un aumento de las penurias generales, cualquier nueva inversión en estos trabajadores dejó de estar tan bien vista.
Cuando la Junta decidió acabar el año pasado con el dispositivo de tratamiento especial, los dirigentes del PSOE y del Gobierno andaluz en Cádiz se vieron con las movilizaciones en su puerta y con un problema añadido en vísperas de las elecciones municipales.
El resto de partidos no ha contribuido precisamente a calmar este ambiente. IU se ha alineado siempre con el colectivo. El PP se ha movido en un cambiante discurso que ante los trabajadores ha reclamado el cumplimiento de todo lo pactado, y ante otros públicos se ha mostrado indignado porque la Junta, en su opinión, ha "comprado silencios" con el dinero de todos los andaluces.
