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Bruselas estudia la denuncia de las 'low cost' contra Spanair

Cristina Delgado

"No nos preocupa nada. La petición no tiene base porque critica las ayudas a las aerolíneas, y lo que la Generalitat hace con Spanair no es subvencionar, es invertir". Así de tajante zanjó ayer Ferran Soriano, presidente de la aerolínea Spanair, la polémica por una carta que las aerolíneas de bajo coste han enviado al comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia. En esta misiva piden a las autoridades de la Unión Europea que investiguen las inyecciones del Gobierno catalán a Spanair, que consideran ilegales. La Comisión Europea confirmó ayer que la ha recibido y que está estudiando las quejas.

"Ayudas son lo que reciben algunas aerolíneas [incluidas en la asociación que envió la carta] como Ryanair y Vueling. Si la Generalitat pone dinero en Spanair es porque cree que es una inversión estratégica", defendió. Las low cost aseguran que los apoyos otorgados a Spanair son ayudas de Estado ilícitas que han permitido a la compañía "librar una guerra de precios predatoria en rutas operadas por otras aerolíneas que no reciben esas ayudas". Las inyecciones le permiten también, dicen, campañas de marketing por encima de sus posibilidades.

La compañía dice que no le preocupa que la investigue la Comisión Europea

"No hay nada malo ni ilegal, estamos tranquilísimos", insistió Soriano. Puso como ejemplo otras empresas que también tienen en sus arcas capital público y no por eso son ilegales, "como la portuguesa TAP, que es 100% pública" e incluso citó el caso de Iberia "que entre 1991 y 1999 recibió del Estado una inversión de 624 millones de euros".

La participación directa de la Generalitat es del 25%, según la compañía. Esto se traduce en 20 millones que ha aportado la empresa pública Cimalsa y otros 10 millones de Avança. Según la relación de inversores facilitada por la empresa, la participación pública indirecta es elevada. Por ejemplo, Turisme de Barcelona y Fira de Barcelona tienen entre ambas el 26,8% de Spanair y ambas, a su vez, están participadas por el Ayuntamiento de Barcelona.

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Sobre la firma

Cristina Delgado
Es subdirectora y se encarga de la edición digital de EL PAÍS. Antes fue redactora jefa de Economía, sección en la que se incorporó al periódico, en 2008. Licenciada en Periodismo y en Comunicación Audiovisual, ha realizado el máster UAM-ELPAIS y posgrados de información económica y gestión.

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